LA 4T DÁ TIRO DE GRACIA AL CAMPO MEXICANO CON NUEVA LEY DE AGUAS
Por: Vigaro/ TEN/ Opinión
En un clima de alta tensión social y política, la Cámara de Diputados discute hoy el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, una iniciativa del ejecutivo que busca replantear la gestión del recurso hídrico en México. Sin embargo, la propuesta ha encendido las alarmas de sectores productivos clave como el campo y la minería, cuyos representantes denuncian que la ley amenaza, no solamente la certeza jurídica de sus operaciones sino el patrimonio de miles de familias.
Mientras los legisladores a fin con la 4T votaron en comisiones a favor —un proceso que ya ha generado gritos de «¡traición!» y señalamientos de centralismo—, miles de agricultores de al menos siete estados de la república, incluyendo Jalisco, Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Baja California Sur, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz, han iniciado movilizaciones (nuevamente) y amenazan con bloqueos carreteros, manteniendo cercos con caravanas de tractores frente al recinto de San Lázaro, en la capital.
La consigna es clara: detener una ley que, según afirman, será el «tiro de gracia» para el sector agropecuario.
El principal foco de la controversia recae en las reformas al régimen de concesiones de agua, un sistema que históricamente ha sido criticado por fomentar el acaparamiento y el mercado negro, principalmente beneficiando a grandes transnacionales.
La nueva ley, de acuerdo a la justificación oficialista, busca el objetivo de priorizar el derecho humano al agua y prohibir su venta como mercancía, plantea la no transmisión de los títulos de concesión entre particulares.
Para los agricultores, esto tiene un impacto devastador al desvincular el derecho de uso de agua de la propiedad de la tierra, sus parcelas agrícolas pierden una parte sustancial de su valor patrimonial.
Líderes del campo señalan que, sin la posibilidad de heredar o vender la concesión junto con el terreno, se rompe la columna vertebral de la seguridad jurídica y la inversión en el medio rural.
La propuesta incluye la creación de nuevos delitos hídricos, judicializando actos que antes se resolvían por la vía administrativa.
Los productores temen que esta medida, aunque busca sancionar la extracción ilegal, se convierta en una herramienta para criminalizar a pequeños y medianos usuarios por errores o fallas operativas, mientras que la autoridad se exime de responsabilidades en la sobreexplotación.
El sector industrial, incluyendo a la minería, también ha manifestado «graves afectaciones».
La Cámara Minera de México (Camimex) alertó que ciertos cambios normativos, como en el Artículo 118, podrían virtualmente prohibir la construcción de nuevas instalaciones o incluso afectar la continuidad operativa de proyectos ya establecidos, especialmente en regiones montañosas.
Aunque el agua es un derecho humano, universal e irrenunciable y un principio constitucional en México, la implementación de la ley prioriza el uso doméstico y público sobre cualquier otro (incluyendo el agrícola e industrial) en situaciones de escasez, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad para la producción y la inversión en estos sectores.
Las movilizaciones que se extienden por el país no solo son una protesta contra el contenido de la ley, sino también un reclamo por el proceso legislativo opaco y acelerado.
Los legisladores de oposición han criticado que el dictamen se ha construido con omisiones técnicas y desconocimiento de las realidades locales. Advierten que la ley no está acompañada de un presupuesto suficiente para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) o los organismos estatales puedan implementar las nuevas obligaciones de medición, saneamiento y distribución, fomentando un «centralismo absoluto» y la discrecionalidad.
La celeridad en la votación, sin un diálogo profundo y vinculante con los afectados, representa una irresponsabilidad que podría traducirse en un colapso económico para el campo y un freno a la inversión. Los inconformes señalan que la reforma no resuelve los problemas estructurales de la crisis hídrica (infraestructura obsoleta, fugas, contaminación), sino que ataca los derechos adquiridos y el patrimonio de los productores, trasladando la responsabilidad de la crisis a los usuarios productivos.
La discusión que se lleva a cabo en San Lázaro no es solo sobre el agua, sino sobre el modelo de desarrollo del país y el papel de los legisladores en la construcción de leyes que equilibren el derecho humano con la producción de alimentos y la seguridad económica nacional.
La presión ejercida por los grupos de agricultores desde las carreteras y afuera del congreso augura que la batalla que inicia por el agua en México será el principio del despertar de millones de mexicanos que fueron adormecidos por el canto de una sirena llamada 4T y que, ante sus indolencia política y social, está lejos de terminar.
