El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, actúa de manera irresponsable al politizar un clamor ciudadano legítimo en contra del programa de verificación vehicular implementado por su administración, el cual es un fracaso porque la zona metropolitana de Guadalajara sigue siendo una de las ciudades más contaminadas no sólo del país, sino a nivel mundial.
Ante la imposición de este programa que evidentemente tiene fines recaudatorios, ciudadanos vallartenses decidieron expresar su rechazo el pasado fin de semana, tal como ha ocurrido también en varias ocasiones en la propia capital del estado, puesto que el rechazo es generalizado.
De hecho, Alfaro Ramírez ha sido señalado por la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (ATERVAC) por imponer este programa licitado a través de corrupción, por lo cual esa organización ha presentado denuncias ante órganos internos de dependencias estatales que han sido frenadas y por ello recurrirá a instancias federales.
Este fin de semana, Enrique Alfaro utilizó a su incondicional Susana Rodríguez Mejía, representante del gobierno de Jalisco en Puerto Vallarta, para desvirtuar la acción emprendida legalmente por el gobierno municipal que encabeza el Profesor Luis Alberto Michel Rodríguez al clausurar el verificentro vehicular y atribuir el movimiento de rechazo a militantes de Morena.
La medida que adoptó el presidente municipal está plenamente justificada legalmente y además fue aplaudida por líderes del sector empresarial de la región y por la sociedad en general.