VALORAR EL COSTO DE LA DEMOCRACIA ANTES DE LA REFORMA ELECTORAL A MODO: EXPERTOS
«El voto en México cuesta casi 500 pesos por ciudadano, haciéndolo el más costoso de América Latina»
Por: Redacción/TEN/Política
La reforma electoral que podría ser aprobada en el Senado de la República contiene avances en cuanto a temas como la inclusión de población vulnerable a las candidaturas, como personas con discapacidad y de la diversidad sexual; pero es muy permisiva en cuanto a las libertades que pueden tener los partidos políticos y el financiamiento público al que pueden tener acceso, lo que minaría la confianza de la ciudadanía; en esto coincidieron especialistas del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la UdeG.
La Coordinadora del observatorio, Dra. Mónica Montaño Reyes, afirmó que estas nuevas reglas en materia electoral carecen de sanciones efectivas para las faltas graves que puedan cometer los partidos políticos durante los procesos de elección.
“Lo más negativo de esta iniciativa es la falta de sanciones para faltas graves que puedan hacer las y los candidatos, lo que nos regresaría a que si cometen delitos electorales no se les va a castigar de manera tan amplia como se tenía hasta hoy; lo positivo es que se integren poblaciones históricamente rezagadas en la representación proporcional y plural”, declaró.
Montaño Reyes coincidió con el doctor Andrea Bussoletti, integrante del observatorio, en que la reforma favorece a los partidos y no en las instituciones que tendrían que vigilar el respeto a las reglas del juego. Esto es resultado de que la reforma fue aprobada en calidad de urgente, o fast track, luego de que se generara una propuesta o plan B que no había sido suficientemente discutida y en la que los partidos políticos impusieron condiciones para su voto a favor.
Recordó que en la reforma preaprobada el pasado 7 de diciembre por el Congreso de la Unión y que recibió ayer el visto bueno de dos comisiones del Senado se amplía la libertad de los partidos políticos para la selección de candidaturas, además de que permite que si el Tribunal Electoral interviene por irregularidades en el proceso, éste puede ser repetido, pero no se quitará la candidatura; también los partidos pueden interponer juicios en contra de actas o resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que ellos consideren que provoca un perjuicio real al partido.
