Mujeres han olvidado la paridad de género en Tlaquepaque, se enquistan al hueso

Por: Redacción/ TEN/ Política

Lo que nació como un mecanismo indispensable para romper el techo de cristal y garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de poder representativos, se ha transformado en San Pedro Tlaquepaque en una paradoja institucional.

Mientras demarcaciones metropolitanas de gran envergadura como Zapopan, Tonalá y Tlajomulco jamás han contado con una presidenta municipal al frente de sus ayuntamientos, y en Guadalajara la paridad se ha concretado mediante una alternancia de género funcional, San Pedro Tlaquepaque atraviesa una década completa dominada por un enquistamiento político de cuadros femeninos que, lejos de dinamizar la gobernanza local, ha quedado envuelto en severas polémicas y en un monopolio del ejercicio público repartido principalmente entre Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.

En los últimos cuatro periodos de gobierno municipal, el sillón edilicio de la Villa Alfarera ha estado reservado con exclusividad para mujeres.

La dinastía dio comienzo con María Elena Limón García, quien gobernó bajo las siglas de Movimiento Ciudadano durante dos administraciones consecutivas, para ser sucedida en el cargo por Betzabé Almaguer Gallardo y posteriormente por Citlalli Amaya de Luna.

La hegemonía «naranja» encontró continuidad, pero cambio de sigla cuando Laura Imelda Pérez Segura, cobijada por el partido Morena, asumió las riendas del ayuntamiento. Sin embargo, la acumulación de escándalos de gestión, la falta de resultados contundentes y el acaparamiento recurrente de las candidaturas por parte de los mismos grupos y franquicias partidistas demuestran que el relevo de nombres no necesariamente se ha traducido en un beneficio sustancial para los habitantes del municipio.

Este escenario reabre una discusión profunda respecto a la interpretación del marco legal y los criterios aplicados por las autoridades electorales. Si bien los preceptos normativos buscan afianzar la paridad, la ley electoral y las interpretaciones de los tribunales superiores contemplan la alternancia de género como un contrapeso indispensable para evitar que un solo sexo establezca una hegemonía prolongada sobre un territorio determinado.

La perpetuación sistemática de candidaturas femeninas por parte de las cúpulas partidistas amenaza con desvirtuar un principio democrático proyectado originalmente para garantizar la participación equitativa de hombres y mujeres sin distinciones ni bloqueos estructurales.

La definición de quién encabezará las boletas para los próximos procesos electorales estará sujeta al análisis numérico de los bloques de mayor competitividad y al comportamiento de la votación en los comicios más recientes, una fórmula que proyecta determinar en qué demarcaciones corresponderá definir perfiles masculinos o femeninos.

De acuerdo con Mónica Montaño Reyes, Coordinadora del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, los alineamientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) apuntan a ver un incremento de alcaldesas en Jalisco, aunque remarcó que las reglas para integrar a cinco grupos históricamente discriminados  constituirán la verdadera innovación de las contiendas venideras.

El escenario regulatorio no ha estado exento de reveses normativos e interpretaciones judiciales de impacto directo. La consejera electoral del IEPC, Melissa Amezcua Yépiz, detalló que el organismo electoral planteó modificaciones dirigidas a asegurar la exclusividad de postulación femenina en ocho alcaldías —incluidas Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán—, medida que quedó sin efecto tras las resoluciones emitidas por la Sala Superior.

Ante este panorama de ajustes normativos, la investigadora Montaño Reyes puntualizó la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre estos procesos y exigió frenar las viejas mañas partidistas de enviar candidatas únicamente a aquellos municipios catalogados con altas probabilidades de derrota, asegurando que el rigor de las reglas obliga a acatar las disposiciones de postulación de forma transparente. Por su parte, la consejera Amezcua Yépiz concluyó que, si bien los partidos cumplen formalmente en la hoja de papel con los porcentajes exigidos, continúa siendo evidente que no postulan a las mujeres en los ayuntamientos donde verdaderamente existen posibilidades reales de ganar. La gran deuda democrática estriba en equilibrar la igualdad real sin transformar la paridad en un blindaje burocrático que perpetúe cacicazgos locales bajo la bandera del género.