
DESCUENTOS Y PLAN EMERGENTE EMECISTA BUSCAN VOTOS Y NO SOLUCIONAR CRISIS DEL SIAPA
Por: Redacción/ TEN/ Salud/ Medio Ambiente
Una profunda crisis por el desabasto y la pésima calidad del agua que distribuye el organismo público descentralizado (SIAPA) afecta gravemente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, detonando el descontento de miles de ciudadanos que acusan un abandono sistemático de la infraestructura y la privatización de facto del recurso.
Miembros del Movimiento Antorchista en Jalisco, encabezados por su dirigente estatal, Mariano Cariño, denunciaron en rueda de prensa que el acceso al líquido se ha convertido en un reflejo de desigualdad, donde se privilegia el suministro para actividades industriales, agrícolas y desarrollos inmobiliarios por encima del consumo doméstico de la población.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) expuestos por la organización, el recurso hídrico en la entidad se encuentra acaparado por el sector privado. Específicamente, dos empresas inmobiliarias explotan y disponen de 36 mil 737 millones de litros al año, volumen que bajo los estándares de consumo de la ONU sería suficiente para abastecer a cerca de un millón de habitantes.
Asimismo, cuatro desarrollos residenciales concentran cuatro títulos de concesión con los que extraen 7 mil 860 millones de litros anuales —equivalentes al consumo de 215 mil personas—, mientras que empresas cerveceras y refresqueras tienen asignada la extracción de 8 mil 319 millones de litros en la demarcación. Adicionalmente, se señaló que firmas como Agropecuaria Sanfandila, Consorcio Alex y Urbi Construcciones del Pacífico extraen millones de litros de agua subterránea sin pagar un solo peso.
Esta explotación e inequidad en la distribución agravan la situación ambiental de la metrópoli, ya que los acuíferos de Atemajac y Toluquilla, las principales fuentes de abastecimiento de la ciudad registran un severo déficit al extraérseles más agua de la que logran acumular.
Paralelamente, los colectivos ciudadanos indicaron que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y su Junta de Gobierno han sido negligentes al no brindar mantenimiento a las redes de alcantarillado, drenaje y abasto durante años, enfocándose en la recaudación mediante incrementos tarifarios —como el aumento del 9.6% aprobado previamente por el Congreso local— en lugar de invertir en soluciones técnicas reales.
Actualmente, más de 600 colonias de la periferia y la zona urbana padecen el suministro de agua turbia, contaminada, con mal olor o con presencia de heces fecales.
Esta situación obliga a las familias a realizar gastos adicionales para la compra de garrafones y la contratación de pipas privadas.
La dirigencia del movimiento calificó las recientes medidas gubernamentales, como la reasignación emergente de 1,000 millones de pesos (recursos retirados a 45 municipios del interior del estado como Tecalitlán), los descuentos en adeudos y el reparto de agua embotellada, como una estrategia de contención mediática y político-electoral rumbo a los comicios de 2027, orientada a mitigar las protestas sociales en Casa Jalisco y la sede del organismo operador.
Ante este escenario, los colectivos exigieron a las autoridades estatales y federales el diseño de un plan hídrico estatal integral y científico que garantice el acceso universal al agua limpia como un derecho humano y no como una mercancía.
Demandaron que el documento defina con claridad los presupuestos, tiempos de ejecución y responsables de las obras de infraestructura hidráulica y saneamiento, además de exigir la conformación de un comité ciudadano independiente que vigile la correcta administración y distribución equitativa del recurso hídrico en el estado.