MÉXICO SE SUMA A NORUEGA Y RUANDA CONTRA LA BASURA PLÁSTICA
Por: Redacción/TEN/Medio Ambiente
De acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, del 58% a 62% de los plásticos de todo el mundo se envían directamente a vertederos, mientras que ocho millones de toneladas de plástico fluyen hacia los océanos cada año, generando una crisis mundial que se refleja en graves impactos en la salud, el medio ambiente, la economía y las comunidades. Este problema rebasa las fronteras y afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables.
Por lo anterior, la comunidad internacional se dio cita del pasado 28 de noviembre al 2 de diciembre en Punta del Este, Uruguay, para celebrar de manera híbrida la primera reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-1) para la generación de un instrumento jurídicamente vinculante para la eliminación de la basura plástica, incluyendo la basura marina. Este Comité es producto de la resolución 14 de la 5ª reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para abordar la crisis generada por la basura plástica.
México es uno de los 45 países que integran este comité y participó activamente en las deliberaciones de este Comité con una delegación compuesta por integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Semarnat, Conapesca y Semar, así como de representantes de la sociedad civil.
Durante los trabajos del INC-1, México resaltó la importancia de la incorporación en la construcción del acuerdo de mujeres, juventudes, pueblos indígenas, organizaciones especializadas de la sociedad civil, y el sector académico. En ese sentido, se pronunció a favor de que el proceso se base en la mejor ciencia disponible, los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas, y personas trabajadoras e informales de la recolección de residuos, en un marco de diálogo de saberes. Poniendo en el centro de las deliberaciones el respeto del derecho a un medio ambiente sano, limpio, saludable y sostenible, y el derecho a la salud.
La delegación mexicana destacó la importancia del Principio 10 de la Declaración de Río y el Acuerdo de Escazú en cuanto a los derechos de acceso a la información y la participación pública, con la finalidad de tener una mayor transparencia en la información proporcionada por los diferentes actores involucrados.
