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Encabezados por la titular del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) Dra. Raquel Gutiérrez Nájera se hizo del conocimiento una lista de casos registrados desde el año 2015 en donde al menos una decena de activistas han sido víctima de la criminalización gubernamental, considerando a los tres órdenes de gobierno en la entidad, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos oficiales de esta práctica.
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La Dra. Gutiérrez Nájera hizo un posicionamiento referente al derecho que como sociedad organizada y preocupados por el impacto ambiental propiciado por el crecimiento vertical, el estrés hídrico que ya se empieza a padecerse en los grandes asentamientos como Guadalajara y sus municipios conurbados «que no se siga criminalizando la defensa de espacios públicos» porque los ambientalistas no lo hacen con dolo para cometer un delito o una conducta antisocial, sino para defender los espacios públicos de la ciudad.
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