DEFENDER CAUSAS AMBIENTALES ES UN CRIMEN EN JALISCO
Organizaciones Civiles pro Medio Ambiente con presencia en el estado de Jalisco, se pronunciaron en rueda de prensa a favor de la intervención de Organismos Internacionales, esto derivado de lo que ellos señalan, existe desde hace tiempo, una criminalización de quienes defienden las causas ambientales.
Encabezados por la titular del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) Dra. Raquel Gutiérrez Nájera se hizo del conocimiento una lista de casos registrados desde el año 2015 en donde al menos una decena de activistas han sido víctima de la criminalización gubernamental, considerando a los tres órdenes de gobierno en la entidad, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos oficiales de esta práctica.
Por lo anterior, hicieron un llamado a organismos defensores de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que realicen una misión e investiguen la criminalización de activistas en materia ambiental, esto tras el encarcelamiento, por unos días, de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la defensa de un parque, indicó la especialista en derecho ambiental.
Gutiérrez Nájera aseguró que lo ocurrido con los universitarios no es el único caso y presentó una lista de episodios en los que se criminalizaron luchas socioambientales en beneficio de intereses inmobiliarios particulares, entre estos está la defensa de recursos naturales, la defensa de áreas áreas verdes, bosques, parques, jardines, cuencas y acuíferos desde 2015 y hasta la actualidad en 2023.
Entre los casos que han permanecido «invisibles» para la sociedad jalisciense, se encuentran:
la defensa realizada por habitantes de Parque Arcos de Guadalupe, en el municipio de Zapopan quienes por su oposición a la afectación de su entorno, fueron reprimidos y amenazados por las empresas desarrolladoras V y D, Espacio Galerías y Grupo Dalton quienes entre otros negocios, aprovecharon espacio del parque para construir departamentos, esto desde el año 2015.
Otro caso registrado en este mismo año es el de Eduardo Mosqueda, el defensor especializado en derecho ambiental Pedro León Corrales y 34 indígenas nahuas del ejido de Ayotitlán, Jalisco, reprimidos, golpeados y amenazados por la empresa minera Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V.
Durante el 2016, un caso más se registró, en esta ocasión fue en el municipio ribereño de Chapala, la Señora Martha Rodríguez García y su hija María de Jesús López Rodríguez, fueron detenidas arbitrariamente por defender tierras pertenecientes al ejido Santa Cruz de la Soledad.
En marzo del 2017, vecinos de los alrededores al parque San Rafael, en Guadalajara, fueron reprimidos con la fuerza pública por el entonces presidente municipal tapatío, Enrique Alfaro Ramírez, siendo hasta el momento un ecocidio que favorece a la construcción inmobiliaria del Grupo San Carlos.
Para el mes de junio de ese mismo año, por defender el parque San Rafael, son detenidos Zeferino Hernández, Guadalupe López, María del Carmen Flores Ávalos, Josefina Ramírez y un ingeniero de apellido Aguilar; más aún, las agresiones por parte del gobierno municipal fueron y han sido una constante en este lugar.
En el año 2018, habitantes de otra colonia de Guadalajara se vieron amedrentados y violentados en sus derechos, sucedió en la colonia Arboledas del Sur, arbitrariamente fueron detenidos por defender un bosque los vecinos, Héctor Rafael Ramírez, Laura Gabriela Ramírez, Luis Fernando Jiménez Huízar ,Ángel David Álvarez Zuber y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara Denisse Alejandra Ávila, José Manuel Aguilar y Mónica Cárdenas.
También en ese año, derivado de la defensa de los derechos ambientales del Fraccionamiento Bosques de San Isidro, la Dra. Raquel Gutiérrez Nájera fue denunciada penalmente por las empresas LISCO S.A. de C.V. y Banco Azteca.
Sin duda alguna, el caso más ventilado fue el de los tres estudiantes universitarios que afortunadamente tuvieron el eco de la sociedad, agrupaciones académicas y políticas; pero que en la mayoría de las veces, quienes abanderan causas pro ambientalistas, no cuentan con los recursos económicos o jurídicos para hacer frente a las sanciones derivadas de las detenciones arbitrarias o la fabricación de delitos.
Raquel Gutiérrez y los representantes de las organizaciones civiles manifestaron que el encarcelamiento de los universitarios no debió ocurrir porque con ello se violaron tratados internacionales como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia, Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como acuerdo de Escazú, firmado por México en el año 2021.
Por lo que demandaron «parar la continua y sistemática criminalización» de las y los defensores ambientales en el territorio de Jalisco.
