Todos debemos aportar un granito de arena para resolver el problema del agua
“El discurso utilizado por los políticos como tabla de salvamiento ante el grave problema que afecta a más de un millón de personas en la capital jaliscienses, ha sido, todos debemos aportar un granito de arena para resolver el problema, pasando por alto la responsabilidad que adquieren al rendir protesta como servidores públicos y lo establecido en las leyes correspondientes”.
Por: Redacción/ TEN/ Política/ Salud
La crisis en la calidad del suministro de agua “potable” en la Zona Metropolitana de Guadalajara ha alcanzado un punto crítico que demanda atención prioritaria y soluciones de fondo.
Abrir la llave y recibir líquido turbio, con sedimentos, heces fecales y mal olor se ha convertido en una “bomba de tiempo”, una problemática de salud pública recurrente que genera preocupación, incertidumbre y temor por posibles afectaciones en la salud de las familias tapatías, además de mermar la economía del hogar al obligar a los ciudadanos a recurrir de manera constante a la compra de agua embotellada para satisfacer sus necesidades básicas.
La gravedad del escenario queda al descubierto con los datos presentados por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), los cuales documentan 1,474 reportes ciudadanos relacionados con la mala calidad del agua en la metrópoli.
De este total, el 84% corresponde a quejas por turbidez, sedimentos y coloración alterada, mientras que un alarmante 59% de los hogares encuestados señala haber presentado afectaciones a la salud vinculadas al consumo o uso del suministro. Asimismo, registros del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) correspondientes a 2025 revelaron que el 23% de los 1,180 puntos monitoreados no cumplieron con la norma oficial de calidad.
Ante este panorama, la diputada del PVEM, Brenda Guadalupe Carrera García, enfatizó que estas alertas ciudadanas exigen un abordaje serio e inmediato por parte de las autoridades, dejando de lado los enfrentamientos y la especulación política. “Todos debemos aportar un granito de arena para resolver el problema del agua” dijo la legisladora.
Sin embargo, la verdadera responsabilidad por las pésimas administraciones del organismo público descentralizado, recae en el SIAPA, en sus dirigentes, quienes han convertido el derecho humano, universal e irrenunciable, en un mecanismo recaudatorio que no llena un “barril sin fondo” creado a través de la nómina de primer nivel, donde personas sin perfiles técnicos para ejercer profesionalmente, permitió descuidar áreas imprescindibles para el tratamiento del recurso.
Para atender el rezago histórico en la red hídrica, el Gobierno del Estado anunció una inversión de 18,000 millones de pesos destinada a la ejecución de obras de saneamiento, modernización de plantas potabilizadoras, sustitución de tuberías obsoletas y reparación de fugas que mejoren la distribución en las colonias afectadas, recurso que dejará endeudado a Jalisco.
Para la ejecución de estas obras estratégicas se plantea recurrir al modelo CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), esquema contractual que permite la participación de particulares para desarrollar y mantener infraestructura mediante pagos programados por parte del Estado.
La legisladora precisó que esta modalidad no constituye una privatización ni una concesión del recurso hídrico, sino una herramienta de financiamiento público-privado utilizada previamente por el Gobierno Federal en proyectos como la planta de tratamiento para las aguas provenientes de la CDMX ubicada en Atotonilco, Hidalgo, o la infraestructura carretera en diversos tramos del país, evitando con ello el sobreendeudamiento de las finanzas públicas.
Finalmente, se hizo un llamado al Congreso de Jalisco y a las distintas fuerzas políticas a asumir el acceso al agua potable como una causa común desprovista de intereses partidistas.
En ese sentido, la labor legislativa debe enfocarse en fiscalizar los contratos, vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos y exigir que la efectividad de las medidas se evalúe mediante indicadores de salud y calidad verificables para la ciudadanía.
