Vandalismo, limpieza e incapacidad gubernamental deterioran edificaciones históricas

Por: Redacción/ TEN/ Política

Una nueva negligencia administrativa amenaza el patrimonio histórico del centro tapatío, autoridades locales decidieron tomar acciones desesperadas y unilaterales, aplicando el mantenimiento por su propia mano, devastando los muros que debieron proteger.

Tras la protesta ciudadana del pasado 18 de octubre de 2026, convocada por el suministro de agua turbia y con lodo del SIAPA, el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco desplegaron de manera precipitada cuadrillas provistas con hidrolavadoras de alta presión Karcher para limpiar las pintas y consignas plasmadas en las fachadas de la Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno.

La acción, ejecutada a espaldas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y en abierta contravención a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pone al descubierto una práctica recurrente donde el cálculo político de Movimiento Ciudadano (MC) se antepone al valor arquitectónico y a la propia legalidad.

La utilización masiva de agua a presión y químicos abrasivos sobre elementos de cantera centenaria constituye un daño irreversible a la porosidad y textura de las piezas ornamentales.

Expertos y defensores del patrimonio advierten que el desbaste superficial y la erosión forzada de la piedra vulneran seriamente la humedad interna de las fachadas, abriendo microfracturas que comprometen la estabilidad estructural de inmuebles con altísimo valor histórico.

A esta gravedad física se suma una torpeza administrativa de proporciones millonarias, la intervención directa y sin peritaje previo arruina la cadena de custodia del daño, poniendo en inminente riesgo el cobro de la indemnización de la póliza de seguro contratada para este tipo de contingencias. Incluso desde el estamento eclesiástico, fuentes cercanas a la Catedral han expresado su indignación y molestia ante la irresponsabilidad gubernamental que termina desprotegiendo los recursos destinados a la restauración especializada.

Ante el atropello institucional, la vía legal ya ha comenzado a encauzarse. La denuncia previa interpuesta por daños y mal manejo en el kiosco de la Plaza de Armas será ampliada formalmente para incluir las afectaciones ocasionadas en la Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno, dirigida contra quien resulte responsable por la vulneración a la normativa federal.

Mientras los peritos evalúan los nuevos montos que se sumarán al expediente de daños patrimoniales, la administración estatal y municipal continúa actuando bajo la premisa de que la prisa mediática justifica la destrucción patrimonial, asumiendo que la ciudadanía pasará por alto un atentado estructural que no solo borró la protesta social, sino también capas irreversibles de la historia arquitectónica de Guadalajara.