¿Y AHORA QUÉ? MAESTRO

2022-04-12 Vigaro

Por: Dr. Luis Octavio Cotero Bernal
Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

La respuesta correcta que todo aquel catedrático de las escuelas de derecho de todo el país, debemos dar a los alumnos cuando nos pregunten si el presidente de la República, no respeta la constitución ni las leyes que de ella emanan y que prometió cumplir y hacer cumplir el día que asumió el cargo de Presidente de la República y así lo manifestó ante la totalidad de representantes del pueblo y los estados, diputados y senadores, cuando la constitución establece que la convocatoria para la revocación de mandato es una potestad exclusiva de los gobernados y no de las autoridades, que ante tal dispositivo están sometidos a prueba, lo que hace indiscutiblemente que el proceso actual del revocación de mandato, sea nulo de pleno derecho, ya que además deviene de conductas ilícitas, como lo es el del segundo lugar del gobierno federal, esto es, el Secretario de Gobernación, que ante su conducta desplegada en Coahuila, junto con el Secretario de Marina, durante un mitin proselitista, incitaban a los presentes a votar a favor del Presidente López Obrador, cometiendo un grave delito ambas autoridades al hacer uso indebido de los bienes del ejército mexicano, en cuestiones totalmente ajenas al propósito para el que fueron adquiridos, incurriendo ante tales acontecimientos en actos totalmente imperdonables e injustificados, donde el poder se está usando en agravio de la nación, en una grave traición a la patria, lo que les obliga a renunciar a los cargos que les fueron conferidos dentro del marco constitucional que tienen perfectamente definidos en cada institución, pues en particular, las fuerzas armadas, tienen una responsabilidad inalienable, que es la de mantener la neutralidad y garantizar la seguridad de la sociedad. El Secretario de Gobernación, como lo establece la propia ley orgánica de ese organismo, es su deber, abstenerse de cualquier acto proselitista y garantizar el ejercicio de la democracia, que todos los sectores de la sociedad tienen derecho para determinar los gobiernos que son su voluntad en todos los niveles.

Más que difícil, es vergonzante y lamentable, ante tantos años de historia, estudio y esfuerzo, para alcanzar el más elemental estado de derecho, por el que ofrendaron sus vidas, tantos hombres ilustres que nos dio la patria, entre otros, a Don José María Pino Suárez, que por enfrentar dignamente el traidor jalisciense, histórico, Victoriano Huerta, este ordeno que fuera asesinado, antes de exponer su discurso en el que exhibía y denunciaba las traiciones a la patria, su crueldad, prepotencia, arbitrariedad que ejercía en todos los sentidos, hasta con su propio fuero militar, discurso que expondría ante el Congreso de la Unión; que conducía a una conclusión viril y digna de un senador que sin importar el riesgo, anteponía los interés de la patria a los propios.

Por todo lo anterior, no encuentro más respuesta, más que pedir a los educandos y educadores y en particular a los formadores de profesionales del derecho, que exigir el exacto cumplimiento de la ley, por todos los medios al alcance de cada uno de nosotros y reprobar enérgicamente el desacato de la constitución, al presidente de la República y a sus corifeos en que se han convertido el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Marina y demás Senadores y Diputados, así como Presidentes Municipales, sometidos por el grupo de MORENA, que aquí en Jalisco, Movimiento Ciudadano, tiene sometidos a Presidentes Municipales, que llegaron por otros partidos a esos cargos y que mediante la extorsión de no darles recursos para beneficiar a sus municipios, se han prestado a atender los caprichos que en lo político les exige el Gobernador del Estado.

Este estado de cosas no tiene desprecio alguno para mover la conciencia de todo mexicano, pero muy en particular a quien se precie de ser abogado y manifestarnos públicamente, reprobando la conducta de las autoridades y exigiendo el cabal cumplimiento al marco constitucional, que tienen la obligación de cumplir al pie de la letra. Si algún compañero de profesión piensa que es la hora de dejar de lado las discrepancias, manifieste su conformidad en unirnos en un organismo apolítico, plenamente decididos y convencidos a exigir por los medios que determine la mayoría, el restablecimiento del estado de derecho en todos sus términos. Envía cualquier comentario al correo electrónico que al final se anota.