DEPREDADORES DETRÁS DE LAS REDES SOCIALES, ALERTA GENERAL
Por: Redacción/ TEN/ República
Las plataformas que usan los jóvenes para socializar se han convertido en el principal terreno de caza de redes delictivas que buscan desde sicarios hasta operadores de fraude.
“Los reclutadores no se esconden: usan influencers, retos virales, ofertas de trabajo y mensajes privados para normalizar la vida delictiva y atraer a quien busca dinero, estatus o pertenencia”, explica Norberto Maldonado, presidente de la Fundación Kooltivo y experto en tecnología.
La estrategia criminal es hoy industrial: primero seducen, luego aíslan y finalmente incorporan a la cadena, ya sea para violentar las calles o para operar call centers dedicados al robo de datos y la extorsión, lo que permite ampliar su base operativa con un riesgo menor y un alcance nacional.
El fenómeno está geográficamente concentrado. Informes oficiales y coberturas periodísticas señalan que Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y el Estado de México figuran entre las entidades con mayor número de casos reportados de reclutamiento de menores y jóvenes, una concentración que expertos atribuyen a la confluencia de presencia de grupos delictivos, altos niveles de violencia y vacíos económicos que hacen atractivas las “ofertas” fraudulentas en línea.
La conversión digital del delito tiene además cifras que nos deben poner en alerta: el cibercrimen es ya una economía de gran escala; solo el informe anual del The Internet Crime Complaint Center (IC3 por sus siglas en inglés) del FBI registró en 2024, 859 mil 532 denuncias con pérdidas reportadas por alrededor de 16.6 mil millones de dólares, lo que ilustra la sofisticación y la escala del fraude digital que, indirectamente, se alimenta de procesos de captación online.
“Si el reclutamiento digital alimenta esa maquinaria, estamos hablando de un problema que es global, trasnacional y que termina golpeando a comunidades y familias en México y el mundo”, subraya Maldonado.
El país ya ha tenido episodios donde la propaganda virtual desembocó en violencia física: en 2025 la fiscalía federal documentó un rancho en Teuchitlán, Jalisco, utilizado como centro de operaciones y entrenamiento; un eslabón que conecta anuncios en redes con centros de instrucción y, en ocasiones, con desaparición y asesinato, lo que mostró cómo la captación en línea puede convertirse en un paso hacia la violencia tangible.
“La propaganda virtual no es inocua: muchas veces es el primer eslabón de una cadena que conduce a explotación, entrenamiento y, en el peor de los casos, a la muerte”, advierte Maldonado.
Respecto a los mecanismos concretos, Maldonado puntualiza que operan como una ingeniería social en varias fases, por ejemplo, la glamurización del delito con fotos y videos en redes sociales digitales que muestran autos, viajes y dinero; el uso de microinfluencers y cuentas locales para ganar legitimidad; dinámicas virales y ‘retos’ que funcionan como filtros; ofertas de empleo aparentes tipo “trabaja en call center desde casa” que son fachadas para fraude y robo de datos y el grooming.
“Lo que en el lenguaje coloquial se denomina groomear, que consiste en ganarse la confianza de una persona a través de manipulación emocional para después explotarla; es un proceso deliberado y gradual”, explica Maldonado, y añade que ese método es central para lograr que jóvenes pasen de la curiosidad a la complicidad.
Ante ese panorama, Maldonado propone medidas prácticas y urgentes en tres niveles: individuales, empresariales y públicos. Para ciudadanos y familias recomienda acciones básicas como activar verificación en dos pasos; limitar la visibilidad de perfiles y contenidos; desconfiar de ofertas que pidan datos bancarios o transferencias antes de una contratación formal; contrastar vacantes con la empresa emisora; y denunciar cuentas sospechosas en las plataformas y ante las autoridades.
En el plano empresarial exige a las plataformas detectar patrones de captación, remover contenido que facilite reclutamiento y colaborar con la investigación mediante protocolos claros para entrega de metadatos bajo orden judicial. En lo público reclama fiscalías especializadas, inteligencia digital y un registro nacional de denuncias electrónicas que permita trazar redes de captación.
La crítica que Maldonado dirige al gobierno es contundente: “No basta con cierres esporádicos de cuentas, campañas informativas o comunicados, hace falta inteligencia digital sostenida, fiscalía especializada con ‘ciberdientes’ y protocolos que obliguen a las plataformas a entregar información oportunamente y que permita perseguir a los ciberdelincuentes.
Hoy el Estado no tiene la infraestructura ni la coordinación para perseguir la cadena completa delictiva que nace en una app y termina en la explotación o violencia. Por eso insiste en que la única respuesta viable es la triple hélice operando de forma permanente: mesas intersectoriales para intercambio seguro de datos, laboratorios mixtos para identificar patrones de reclutamiento y programas de investigación aplicada que diseñen intervenciones basadas en evidencia.
Como prioridades de política pública Maldonado plantea: creación inmediata de un registro nacional de denuncias electrónicas para obtener trazabilidad de actividades ciber delictivas y llegar hasta su origen; capacitación obligatoria para docentes y padres en alfabetización digital; unidades de atención psicológica y de reintegración para jóvenes rescatados, así como acuerdos legales que obliguen a plataformas a actuar con mayor transparencia y rapidez ante patrones de reclutamiento.
“Si no actuamos juntos la respuesta será siempre fragmentaria y los jóvenes seguirán encontrando puertas abiertas hacia la delincuencia con sólo un click”, concluye el especialista.
