4T FOMENTA IRREVERENCIA Y TRANSGRESIÓN BAJO SIMULACIÓN CULTURAL
Por: Redacción/ TEN/ República
La recurrencia con la que el Gobierno de la Ciudad de México, bajo el cobijo de la llamada «Cuarta Transformación», utiliza el aparato estatal para el financiamiento de provocaciones ideológicas ya no puede leerse como un descuido administrativo, sino como una política deliberada de confrontación cultural.
La próxima presentación de la exposición y performance «La Draga de los Barrios» este 31 de mayo en el FARO Aragón es el ejemplo más reciente de cómo la Secretaría de Cultura capitalina confunde deliberadamente la libertad de expresión con la subvención gubernamental de la mofa y la transgresión irreverente de los símbolos religiosos de la mayoría de la población.
Financiar con recursos públicos un espectáculo que utiliza imágenes sagradas de Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y los Santos para distorsionarlas a través de la estética de la escena underground constituye un ataque directo a la fe católica, que arraiga en la identidad de millones de mexicanos.
Lo que la retórica oficial intenta dignificar bajo el rótulo de «manifestación artística y cultural» es, en el fondo, una práctica disfrazada de disidencia que se sostiene únicamente gracias al presupuesto que los propios agraviados aportan a través de sus impuestos.
Resulta paradójico y profundamente cínico que un gobierno que discursivamente apela al «pueblo» y a sus tradiciones, valide y patrocine la ridiculización sistemática de sus devociones más profundas, desviando fondos que bien podrían mitigar las carencias urgentes que padece la infraestructura de la ciudad.
El riesgo de esta complacencia oficial no se limita a la herida estética o espiritual. Al abrir las puertas de un recinto público a este tipo de performances de naturaleza transgresora e hipersexualizada, permitiendo además el acceso a menores de edad a partir de los 13 años, la administración local incurre en una grave irresponsabilidad.
La exposición de adolescentes a contenidos que rebasan su madurez emocional y ética, bajo la fachada de una «inclusión» malentendida, vulnera el deber de protección que el Estado debería garantizar en sus propios espacios formativos y comunitarios.
Esta insistencia en validar la burla hacia lo sagrado como política cultural genera una polarización latente y peligrosa. La cohesión social se fractura cuando las autoridades imponen una agenda que no busca el diálogo, sino la provocación; cuando se premia la disrupción del tejido social y se ignora el reclamo de respeto mutuo.
Una sociedad democrática exige la convivencia armónica de sus diversidades, pero esta armonía se rompe cuando el poder político toma partido para subvencionar la humillación de las creencias del prójimo.
Por ello, la exigencia ciudadana ante la Secretaría de Cultura de la CDMX es imperativa y legítima, se requiere la cancelación inmediata de espectáculos que instrumentalicen la fe con fines de mofa, una restricción total a menores en eventos de naturaleza sexualizada y una transparencia absoluta sobre el destino y monto de los recursos de los contribuyentes asignados a estos actos. El respeto a la libertad no puede seguir siendo la coartada para que el Estado financie el agravio.
