CASOS DE ARBITRIO LEGISLATIVO RESUELTOS BAJO INTERESES Y CRITERIOS POR ENCIMA DE LA LEY
Por: Redacción/ TEN/ Política
El Congreso del Estado de Jalisco se ha convertido en un escenario de opacidad, revanchismos y manipulación política donde la legalidad parece subordinarse a los intereses de las bancadas mayoritarias.
La disputa por el control de las comisiones legislativas ha dejado al descubierto un modus operandi que violenta la normativa interna del Poder Legislativo y atenta contra la pluralidad democrática, utilizando la remoción de diputados como una herramienta de castigo y coacción.
El caso más reciente de esta pugna ocurrió este jueves, cuando la bancada de Morena intentó despojar de la presidencia de la Comisión de Vigilancia al diputado Alberto Alfaro García, integrante de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tal y como lo hicieron anteriormente con la legisladora ex morenista Brenda Guadalupe Carrera García, actualmente compañeros de bancada.
En esta ocasión, el intento de imposición fracasó debido a que los promotores de la iniciativa no lograron reunir los votos necesarios para concretar la remoción, evidenciando que el bloque oficialista ya no ejerce el control absoluto sobre las decisiones de la actual Mesa Directiva presidida por la priista Alondra Getsemany Fausto De León, objetiva, profesional e institucionalmente. Sin embargo, este episodio no es un hecho aislado, sino la continuación de una práctica sistemática de simulación.
La propia Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco estipula con claridad que para remover a un legislador de una comisión se requiere de una mayoría absoluta, equivalente a un mínimo de 20 votos. Esta regla fue ignorada en el pasado reciente, de manera notable cuando Morena presidía la Mesa Directiva en la persona de la Diputada Marta Estela Arizmendi Fombona y operó la destitución ilegal de la diputada Brenda Carrera García, quien fue apartada de su espacio tras manifestar discrepancias públicas con sus propios aliados políticos.
En aquella ocasión, la remoción de Carrera García se consumó con apenas 18 votos a favor, una cifra insuficiente según el marco legal. A pesar de la flagrante falta de quórum calificado, la entonces presidenta de la Mesa Directiva optó por ignorar la legislación vigente para imponer un acuerdo político, un acto que hoy se encuentra bajo el escrutinio legal tras la presentación de un juicio político por parte de la afectada.
Durante meses, los liderazgos parlamentarios implicados negaron sistemáticamente haber actuado al margen de la legalidad; no obstante, el cambio en la conducción de la actual Mesa Directiva, que optó por apegarse al reglamento en el caso de Alfaro García, dejó en evidencia que las decisiones previas obedecieron a un abuso de poder institucional.
La situación actual en el Congreso de Jalisco enciende las alarmas sobre el debilitamiento del Estado de Derecho en la entidad, donde la aplicación de la ley ha pasado a depender de las mayorías coyunturales y de la filiación política de quien encabeza los órganos directivos.
La impunidad con la que se simulan procesos parlamentarios para castigar la disidencia interna no solo debilita la confianza en el Legislativo, sino que sienta un precedente de arbitrariedad que la oposición y los tribunales competentes están obligados a dirimir para evitar que el abuso de autoridad se normalice en el recinto parlamentario.
