SIAPA DEBE PAGAR POR OMISION, FRAUDE, NEGLIGENCIA Y DESCUIDO EN PERJUICIO DE USUARIOS, PRI JALISCO
Por: Redacción/ TEN/ Política
En medio de una de las peores crisis de desabasto y contaminación de agua en la historia reciente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco, encabezado por Laura Haro Ramírez, lanzó una dura crítica hacia la administración estatal de Movimiento Ciudadano, calificando su gestión hídrica como una mezcla de incompetencia, opacidad y frivolidad mediática.
Frente a un escenario donde más de 200 colonias reciben agua «turbia y pestilente» y 1.5 millones de hogares dependen de un sistema colapsado, la dirigencia priista denunció que el gobierno estatal carece de una hoja de ruta seria.
La única respuesta oficial, acusó Haro, ha sido la difusión de videos escuetos en plataformas digitales y redes como TikTok, con planteamientos que, bajo las propias estimaciones gubernamentales, tardarían hasta 28 años en solucionar el problema, requiriendo una inversión de 25,000 millones de pesos.
La crítica del tricolor no se limitó al Ejecutivo. Se señaló una «brutal falta de respeto» hacia el Poder Legislativo local, acusando al gobierno de ignorar la autonomía de los diputados y evadir el diálogo técnico. Recordaron que hace más de un año se aprobó un incremento del 10% a las tarifas del SIAPA con los votos de MC, PAN, Morena y Hagamos, un «tarifazo» que el PRI asegura mantener impugnado en tribunales federales, dado que no significó mejora alguna y fue calificado como un golpe directo a los bolsillos familiares que «ni a mejoralito llegó».
La radiografía financiera y operativa presentada sobre el SIAPA expone un organismo en números rojos y con severas deficiencias estructurales. De una cartera vencida que ronda los 20,000 millones de pesos, solo 11,000 millones se consideran cobrables, mientras que los descuentos anunciados por la autoridad apenas representan el 1% de dicho boquete financiero. A esto se suma el gasto de 1.2 millones de pesos en telefonistas que no atienden reportes y el escándalo de «aviadurías» no resueltas, como el de una conductora de televisión que percibía 73,000 pesos mensuales sin trabajar en la institución.
En el ámbito técnico, se denunció que, de las 19,500 bocas de tormenta del sistema, solo se atiende el 43%, y más de 5,500 pozos de absorción pluvial ni siquiera están inventariados, evidenciando el abandono de las promesas electorales sobre captación de lluvia y la falta de mantenimiento a la planta potabilizadora de Miravalle, la cual opera con más de 70 años de antigüedad y abastece al 60% de la metrópoli.
El PRI también arremetió contra los recortes presupuestales de la Comisión Estatal del Agua, que canceló 65 proyectos hídricos en los municipios de Jalisco tras retirarle 1,000 millones de pesos. Para el ejercicio actual, el presupuesto del SIAPA asciende a más de 6,300 millones de pesos, pero casi 1,000 millones se destinan al pago de deuda y escasamente 466 millones van a inversión pública.
En contraste, se criticó fuertemente el orden de prioridades del gasto estatal, contrastando los 284 millones de pesos destinados a inversión en agua frente a los 445 millones de pesos asignados a proyectos relacionados con el Mundial de Fútbol.
Ante la falta de capacidad técnica del SIAPA, cuyo laboratorio —afirma el PRI— carece de certificaciones de Conagua y de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y cuenta con solo cuatro especialistas para tomar muestras en una red plagada con un 94% de descargas ilegales, el partido anunció que entregó muestras de agua al CIATEC para obtener un análisis independiente.
El objetivo es exigir a la Cofepris la emisión de alertas sanitarias, especialmente ante las recomendaciones de la Secretaría de Salud estatal de consumir agua de garrafón incluso para actividades básicas como lavarse los dientes, lo que representa un impacto económico estimado en 2,145 pesos mensuales por familia, además del gasto extraordinario en pipas de agua que, según denunciaron, se ha convertido en un «negocio redondo» en municipios como El Salto y Tlajomulco.
Finalmente, la dirigencia anunció que trasladará el reclamo a la Ciudad de México para exigir la intervención de las comisiones de Presupuesto y Salud del Congreso de la Unión, acusando además a los legisladores federales de Morena, PT y Partido Verde de no etiquetar recursos para la infraestructura hídrica de la entidad.
El PRI estatal exigió al gobierno de Movimiento Ciudadano que asuma la responsabilidad de sus ocho años de gestión, deje de culpar al pasado y detenga el riesgo latente de privatizar o concesionar el servicio de un recurso que es, ante todo, un derecho humano.
La crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara ha dejado de ser únicamente un problema de desabasto e infraestructura para convertirse en un severo foco de opacidad financiera, riesgo sanitario y desacato constitucional.
Así lo denunció de manera enérgica la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, quien evidenció el colapso operativo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la sistemática evasión de sus titulares para rendir cuentas ante el Congreso del Estado, un comportamiento que calificó como una burla directa hacia los ciudadanos que diariamente reciben agua contaminada en sus hogares.
El panorama sanitario en la metrópoli es alarmante. De acuerdo con los datos presentados por la legisladora, los reportes ciudadanos relacionados con agua turbia, fétida, con coloración anormal o presencia de sedimentos se incrementaron en casi un 50% en el comparativo del primer trimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2026.
Esta situación de insalubridad ya no solo afecta a las viviendas particulares, sino que ha alcanzado de manera crítica a los planteles escolares, obligando a las familias que tienen la posibilidad económica a recurrir al gasto extraordinario de garrafones y pipas particulares, mientras que los sectores más vulnerables quedan expuestos a graves riesgos de salud al verse obligados a bañarse y lavarse los dientes con agua visiblemente contaminada.
A la par del deterioro del servicio, las finanzas del organismo rector del agua se hunden en un pozo de ineficiencia. En lugar de sanearse, la cartera vencida del SIAPA se incrementó drásticamente en 2,000 millones de pesos entre abril de 2025 y junio de 2026, alcanzando una cifra histórica que supera los 20,000 millones de pesos.
Camarena Jáuregui señaló que los programas de descuentos implementados resultaron contraproducentes y acusó una profunda opacidad en torno a los grandes deudores del organismo, cuyos nombres y montos reales siguen ocultos, señalando directamente casos de presunta corrupción no investigados —como el de Eli Castro— que han sido ignorados tanto por la administración anterior como por la actual gestión.
«Es una burla lo que se está haciendo en el Congreso del Estado, pero no se están burlando de las diputadas y los diputados; se están burlando de la gente que está sufriendo todos los días con esta agua mugrosa», sentenció la diputada, al criticar la propuesta de legisladores del partido oficialista (Movimiento Ciudadano) de simplemente desaparecer el organismo, una medida que calificó como un intento irresponsable de «cerrar la cortina» para evadir la crisis en lugar de resolverla.
La respuesta del Ejecutivo estatal ante el Poder Legislativo ha sido el desdén y el ausentismo. El actual titular del SIAPA, Ismael Jáuregui, ha acumulado tres plantones consecutivos a las citaciones de la Comisión de Hacienda del Congreso, justificándose primero en su curva de aprendizaje, luego en problemas de agenda y, finalmente, cancelando a minutos de la comparecencia con el desplante de sugerir a los diputados buscarlo en eventos públicos.
Ante este escenario de desacato constitucional, el grupo parlamentario del PRI advirtió que, de no haber una actuación firme por parte de la Junta de Coordinación Política, impulsarán un juicio político contra los funcionarios omisos, recordando que el Congreso es un poder autónomo y no un empleado subordinado del Gobierno del Estado.
La desconfianza legislativa se extiende también a los megaproyectos de infraestructura del agua. La diputada cuestionó duramente el súbito encarecimiento del nuevo Acueducto Chapala-Guadalajara, cuyo costo proyectado se duplicó en un año hasta alcanzar los 15,000 millones de pesos.
La obra pretende realizarse bajo un modelo de Asociación Público-Privada (APP), lo que levanta alertas sobre un posible endeudamiento masivo para la entidad o una virtual concesión encubierta del servicio para que los inversionistas privados recuperen su capital.
Finalmente, la legisladora lamentó el freno institucional para auditar al organismo en tiempo real. Aunque el pasado 28 de abril el Congreso aprobó por mayoría —con el único voto en contra de Movimiento Ciudadano— exhortar a la Auditoría Superior del Estado a realizar una revisión fiscal inmediata a la gestión actual del SIAPA, los vacíos legales permiten que los órganos fiscalizadores posterguen las respuestas sin plazos perentorios.
Ante la falta de un proyecto técnico y financiero transparente, la oposición advirtió que no otorgará «un cheque en blanco» ni aprobará créditos que hereden una deuda histórica a los jaliscienses, manteniendo sobre la mesa la propuesta ciudadana del plan de reestructuración integral denominado «SIAPA 2.0», el cual contempla 18 acciones estratégicas a cinco años y un presupuesto de 35,000 millones de pesos que las autoridades estatales han preferido archivar en el escritorio.
