Colapso tapatío, lo que Movimiento Ciudadano generó en 15 años

Por: Redacción/ TEN/ Empresarial

Durante los últimos quince años, la capital jalisciense ha experimentado una agresiva transformación en su paisaje urbano, caracterizada por una política de redensificación e incentivos a la edificación vertical que, lejos de ser un modelo de desarrollo sustentable, ha detonado una severa crisis en los servicios públicos esenciales.

La proliferación incesante de torres de departamentos ha ejercido una presión insostenible sobre las ya obsoletas redes de infraestructura municipal, castigando de manera desproporcionada a los habitantes de las colonias populares que hoy sufren las consecuencias de un crecimiento desmedido.

El auge de la vivienda vertical cobró una velocidad desmedida a partir de 2015 con la llegada de las administraciones del partido Movimiento Ciudadano, mediante la aprobación de Planes Parciales de Desarrollo Urbano alineados a intereses inmobiliarios.

Los datos de consultoras privadas y del propio IIEG Jalisco revelan que la oferta vertical creció entre un 150% y un 180% en la última década, contabilizando entre 240 y 300 desarrollos construidos o en activo tan solo dentro del municipio de Guadalajara, cifra que supera los 600 proyectos al considerar el Área Metropolitana junto a municipios como Zapopan.

Esta edificación descontrolada representa la adición de entre 25,000 y 35,000 nuevos departamentos —con complejos de entre 40 y 120 unidades cada uno— concentrados en corredores como Providencia, la Americana, Ladrón de Guevara, el Centro Histórico, Ávila Camacho y Federalismo.

Sin embargo, detrás del discurso oficial de modernidad y conectividad urbana se esconde el colapso operativo de la ciudad.

El incremento masivo de habitantes en polígonos reducidos ha saturado los sistemas de agua potable y alcantarillado, desviando recursos e infraestructura para abastecer a desarrollos cuyos costos por unidad oscilan entre los 1.8 y 4.6 millones de pesos, inalcanzables para la mayoría de la población local.

Mientras los grandes inversionistas garantizan el suministro para sus complejos habitacionales, en las colonias populares los vecinos enfrentan constantes e intermitentes tandeos de agua, viviendo con el vital líquido racionado por días o semanas.

La problemática se agrava bajo tierra. Las redes drenaje, desgastadas por décadas sin mantenimiento adecuado, no tienen la capacidad de procesar los volúmenes extraordinarios de descargas de aguas negras generados por el denso flujo poblacional de los nuevos edificios.

El exceso de presión sobre las viejas tuberías provoca fisuras, colapsos subterráneos y filtraciones constantes, derivando en la aparición sistemática de socavones en distintas vialidades de la metrópoli, un riesgo latente para peatones y automovilistas.

Frente a este deterioro progresivo, las autoridades de Movimiento Ciudadano han optado por eludir la responsabilidad estructural del boom inmobiliario sobre los servicios públicos.

Desde la narrativa gubernamental, las restricciones en el abasto y los recortes en la red de distribución se justifican bajo argumentos de saneamiento, supuestas fallas técnicas temporales o la presunta calidad insalubre del agua almacenada en las fuentes de abastecimiento.

Estas explicaciones buscan desviar la atención del problema de fondo, una saturación urbana deliberada que priorizó la edificación de complejos habitacionales de lujo sobre el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir agua potable continua y servicios de alcantarillado dignos.