UNA PROMESA MÁS DE AMLO SIN CUMPLIR Y CONTINÚA LA INJUSTICIA PARA OCTOGENARIO JALISCIENSE
Era el mes de febrero del 2020 cuando el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, visitó territorio jalisciense, en esa ocasión fueron tierras alteñas en donde se inauguraron las instalaciones de la Guardia Nacional.
Fue en ese evento, que un ciudadano, el señor José Prisciliano Jarero Alatorre con 85 años a cuestas, golpeado por el tiempo, diezmado en su salud y vapuleado por la injusticia que una delincuencia bien organizada ha desatado en contra del ciudadano que pese a su defensa realizada por más de medio siglo, parece no escuchar la razón que le rodea.
En Tepatitlán, Jalisco (una valla de por medio) el señor Jarero Alatorre pudo colarse de entre los curiosos, que pretendían ver al primer mandatario; pero fue un letrero que señalaba las injusticias de que ha sido objeto, lo que llamó la atención de López Obrador. De esa manifestación se desprendió el compromiso de palabra que el presidente de la república le hizo al señor Jarero, dando indicaciones directas a los colaboradores para dar solución y atención inmediata al octogenario.
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Vista aérea del polígono invadido en complacencia de las autoridades municipales, estatales y federales.
Una vez asignada la indicación, por escrito tomaron participación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el entonces titular, Javier Jiménez Espriú, quien ni siquiera tuvo a bien dar la atención de recibir al octogenario.
El tiempo ha pasado y hasta el momento, el también representante legal de la empresa Urbanizaciones Campestres de Occidente S.A., José Prisciliano Jarero Alatorre, continúa en total estado de indefensión ante la voracidad de las autoridades que no solamente se han ensañado con la persona; pues en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga (en donde se desarrolla esta problemática), el gobierno municipal, el Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP, la empresa denominada Grúas Asturias, el Instituto de Pensiones del Estado IPEJAL, han dispuesto invadiendo las propiedades del Señor Jarero Alatorre, valiéndose de argucias legaloides y en complicidad con notarios de triste recuerdo, como el de Tala, Heleno Vega y apoyados por determinaciones del entonces presidente municipal de ese municipio (actual Gobernador) y el que fuera su Sindico, Alberto Uribe.
Ante estos despojos aplicados; asegura el representante legal y administrador general de UCOSA, Jarero Alatorre, existen documentos en el departamento jurídico de este municipio conurbado, que evidencian las irregularidades, como la de otorgar terrenos a 600 metros de distancia de los que argumenta uno de los invasores, Salvador Alcalá Aceves, propietario de Grúas Asturias, quien en complicidad con el gobierno municipal de Tlajomulco, ha invadido predios que utiliza como depósitos de chatarra, impactando en el Medio Ambiente de la región.