Activistas esperanzados por tener una voz en Comité Ciudadano de Derechos Humanos
Por: Redacción/ TEN/ Política
Integrantes de diversas organizaciones civiles y colectivos defensores del medio ambiente acudieron a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Jalisco para respaldar formalmente la postulación de Raúl Muñoz Delgadillo, coordinador general del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, como candidato a ocupar una de las cuatro vacantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
La movilización social busca romper con la dinámica institucional que ha transformado al organismo protector de los derechos fundamentales en una agencia de colocación al servicio del gobierno en turno, relegando la atención de las crisis socio ambientales que impactan directamente a la población de la entidad.
Frente al inminente cierre de la convocatoria, la representación ambientalista acusó que las administraciones recientes han cooptado la CEDHJ para convertirla en una estructura de cuotas políticas que invalida la voz de las causas sociales legítimas.
Ante este escenario, recalcaron la urgencia de ciudadanizar el consejo mediante perfiles con solvencia moral e historial de lucha comunitaria para vigilar, fiscalizar y frenar las omisiones gubernamentales en materia de salud y medio ambiente sano.
En el marco de su registro, Raúl Muñoz Delgadillo expuso que acumula más de tres décadas alzando la voz contra la devastación ecológica de la cuenca del Río Santiago y el Lago de Chapala. Recordó que su trayectoria de exigencia pacífica le ha significado enfrentar represión, acoso y criminalización por parte de las autoridades, incluida una detención arbitraria a manos de la entonces Procuraduría General de la República hace 18 años por encabezar la protesta social. Fundamentó su aspiración institucional como una vía para incidir directamente en la agenda pública y vigilar el grave problema del agua contaminada que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara, afectando la salud, los alimentos y la vida cotidiana de las familias.
Por su parte, Enrique Lira Coronado sostuvo que el saneamiento de las cuencas no requiere del despilfarro de inversiones millonarias como las ejecutadas por gobiernos sucesivos, sino de la estricta aplicación de la legislación vigente. Detalló que normativas como el Artículo 15 de la Ley de Agua para Jalisco y los Artículos 29 y 89 de la Ley de Aguas Nacionales facultan a las autoridades para exigir a las industrias el tratamiento y reutilización de sus descargas residuales, bajo la advertencia de cancelar permisos a las empresas omisas. Criticó la opacidad en el gasto del presupuesto público y planteó que los recursos destinados a proyectos de saneamiento ineficientes deben redirigirse prioritariamente a la atención de las personas que han enfermado por la exposición a contaminantes, remarcando que gobernar consiste en hacer cumplir las leyes para garantizar agua potable y bienestar a la sociedad.
Finalmente, en el ámbito laboral y de servicios públicos, Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus Municipios, brindó el apoyo de la estructura gremial al activista señalando que su postulación representa una voz autorizada dentro de una coyuntura de emergencia hídrica.
El líder sindical informó que entablarán diálogo con legisladores de distintas bancadas para sensibilizarlos sobre la importancia de descartar nombramientos discretos. Asimismo, denunció que la crisis del agua en la metrópoli obedece a un desmantelamiento progresivo y sistemático del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) orientado a su eventual privatización, señalando actos de corrupción estructural e imposición de perfiles políticos sin capacidad técnica en los mandos directivos del organismo.
