Caso de abuso en chapala expone redes de protección institucional a agresores sexuales
Por: Redacción/ TEN/ Región
Una condena de ocho años de prisión dictada recientemente por el juez Iván Gómez Vega en contra de David «C», exprofesor de literatura de la Preparatoria Regional de Chapala perteneciente a la Universidad de Guadalajara (UdeG), ha dejado al descubierto el grave riesgo e impunidad que enfrentan las y los estudiantes del municipio.
El fallo oral responsabiliza al ex docente por el delito de abuso sexual infantil perpetrado contra una de sus alumnas hace más de una década; sin embargo, maniobras legales e influencias institucionales amagan con evitar que el agresor cumpla su condena tras las rejas.
A pesar de la resolución judicial obtenida tras un proceso de cuatro años y medio, la defensa del procesado busca modificar las medidas cautelares ante el Sistema Penal de Chapala para concederle prisión domiciliaria.
La estrategia recurre a lagunas normativas fundamentadas en la fecha de comisión del delito en 2014, época en la que esta falta no contemplaba la prisión preventiva oficiosa. De concretarse el beneficio, el agresor aguardaría en su hogar la resolución de recursos de apelación y amparo, trámites que podrían dilatar la ejecución de la pena de prisión efectiva hasta por tres años adicionales.
La posible liberación o resguardo domiciliario del docente representa una amenaza directa para la comunidad escolar chapalense, las víctimas y los testigos del proceso.
Se ha advertido que el imputado cuenta con presuntos vínculos de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco —específicamente a través de familiares directos adscritos a los juzgados de Puente Grande—, lo que genera severas dudas sobre la imparcialidad de las autoridades. Asimismo, de otorgarse el resguardo en su vivienda, el agresor cohabitaría a corta distancia del domicilio de una testigo clave del juicio con la que mantiene parentesco, existiendo ya antecedentes de agresiones indirectas, campañas de odio y hostigamiento que requirieron custodia policial durante las audiencias.
Ante el rechazo del procesado a someterse a las evaluaciones psicológicas de riesgo solicitadas por el Ministerio Público, la sobreviviente Daniela Báez formuló un llamado al titular del Poder Judicial en Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, para frenar las simulaciones procesales, impedir la evasión del condenado y garantizar su internamiento efectivo.
El caso evidencia un sistema que dilata las sentencias definitivas y vulnera a grupos sociales en edad escolar del municipio ribereño de Chapala al privarlos de garantías reales ante la depredación de personas enfermas, la no repetición y de protección frente a depravados que se ocultan en el entorno académico.
