Cochambre del modelo ambiental en la verificación vehícular
Por: Redacción/ TEN/ Política
El programa de Verificación Responsable en Jalisco ha colapsado, convirtiéndose en un esquema inoperante que, lejos de atender la crisis ambiental, funciona como un vehículo de transferencia de recursos públicos hacia la transnacional WEP, así lo denunció la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales.
Jaime Aldrete, vocero de la agrupación, señaló que el proyecto arrastra un fracaso técnico y financiero desde su implementación en 2019 bajo la administración del entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez, modelo que continúa siendo sostenido por el sucesor Pablo Lemus Navarro.
La organización advirtió que el contrato con la firma internacional obliga al Estado a pagar anualmente entre 800 y 900 millones de pesos, independientemente de si los vehículos se verifican o no.
De mantenerse esta dinámica por los próximos años, se estima un quebranto al erario superior a los 9,000 millones de pesos.
La Coordinadora expuso que los verificentros, operados por empresarios locales que fueron atraídos con promesas de retornos de inversión rápidos, se encuentran actualmente en números rojos debido a la baja afluencia de automovilistas.
La inviabilidad del modelo es tal que centros de gran capacidad, como el ubicado en la avenida Adolf Horn en Tlajomulco, han sido desmantelados ante la imposibilidad de cubrir costos operativos, rentas y nóminas.
Sobre las mesas de análisis realizadas en el Congreso del Estado, encabezadas por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, los activistas cuestionaron su alcance. Afirman que, si bien la intención es positiva, el ejercicio ha omitido la participación de expertos en ingeniería mecánica y química atmosférica, enfocándose más en la política que en la solución técnica. Asimismo, lamentaron la falta de transparencia en el uso del denominado «fondo verde», cuya recaudación —proveniente incluso de plataformas como Uber— no se ha traducido en una red de monitoreo ambiental moderna o en acciones que realmente impacten en la calidad del aire de las zonas más críticas, como el río Santiago o Juanacatlán.
La propuesta de la Coordinadora es clara, se debe suspender el programa para realizar un rediseño integral.
Aldrete subrayó que el Gobierno del Estado debería asumir su responsabilidad, retomar la operación de los verificentros —haciéndolos gratuitos y utilizando la infraestructura de los talleres especializados para el mantenimiento técnico— y cancelar la concesión con la transnacional WEP.
Argumentan los ambientalistas que, con una gestión administrativa eficiente de los recursos provenientes de refrendos, placas y multas, el programa podría ser autosuficiente sin necesidad de imponer cargas onerosas al ciudadano.
Finalmente, la organización expresó su preocupación ante la posibilidad de que, una vez concluidos los eventos masivos en la ciudad, el gobierno estatal reactive operativos de tránsito coercitivos con el único fin de obligar a los automovilistas a acudir a los centros de verificación para intentar salvar las finanzas de una empresa privada que, desde hace siete años, se ha consolidado como la única beneficiaria de este «galimatías» administrativo, cuya implementación debe dejar algo limpio que no es la consciencia de las autoridades y mucho menos, el aíre que respiran los jaliscienses.
