EXPERTOS CALCULAN QUE MÁS DE 64 MIL EMPRESAS EN MÉXICO «LAVAN DINERO»
Para lograr una mayor recaudación fiscal, el Gobierno mexicano deberá detectar a las empresas del crimen organizado y a aquellas que venden y compran facturas, afirmaron especialistas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en la Conferencia «Efectos fiscales del paquete económico 2018».
El maestro Ernesto Manzano García, académico del CUCEA y especialista en impuestos, calculó que en el país hay 64 mil empresas con indicativos de lavado de dinero, pero sólo se fiscaliza a 2 por ciento de éstas. También hay unas siete mil empresas con operaciones simuladas, identificadas por las “listas negras” del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Estos ilícitos son considerados por el Código Penal Federal como delincuencia organizada y serán perseguidos tanto quien vende como quien compra, una práctica que es común no sólo entre empresas, sino entre los gobiernos locales, quienes suelen crear empresas fantasmas para desviar recursos, como ha sucedido en Chihuahua y Veracruz, afirmó el también experto en derecho fiscal.
“Lo que es peor: el monto de lo que están facturando falsamente equivale a una tercera parte de los recursos de la Ley de Ingresos de la federación para 2018. Prácticamente, este país vende y compra facturas, no sólo los gobernadores, la mayoría de las empresas compran facturas”, sentenció Manzano García.
Este año, el Gobierno mexicano optó por no crear nuevos impuestos pero sí fortalecer la presencia y vigilancia del SAT a los contribuyentes, con la intención de aumentar en 43 mil millones de pesos el presupuesto de ingresos y llegar a cinco billones 279 mil millones de pesos para subsidiar los gastos que implicarán las elecciones de julio, así como el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre del año pasado.
El SAT además buscará una mayor fiscalización de las empresas de subcontratación conocidas como outsourcing, lo que supone una reforma a la Ley Federal de Trabajo y una mejor protección para los trabajadores.