SE TENÍA TRANSPORTE PÚBLICO DEFICIENTE, PERO INICIA LA VERDADERA PESADILLA PARA GUADALAJARA
Por: Redacción/ TEN/ Empresarial
La crisis del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara se agudiza cada semana, sumando nuevas víctimas a la ya larga lista de rutas desaparecidas. Esta semana, la cifra de trayectos eliminados asciende a más de 60 rutas, con la reciente baja de la emblemática 707 y la 136-A que se concretó ayer jueves 24 de julio, dejando a miles de usuarios a la deriva y a los transportistas al borde de la desesperación.
El origen de este caos, según la voz unánime de los transportistas, radica en la implementación del nuevo modelo Ruta-Empresa, una iniciativa que, lejos de mejorar el servicio, ha sido catalogada como una «sentencia de muerte» para el transporte público por parte de quienes lo operan.
Las políticas erróneas aplicadas bajo este esquema han generado un desmantelamiento gradual y doloroso de la red de transporte que, por décadas, movió a la ciudad, pero que con el gobierno emecista, desencadeno una vorágine contra los permisionarios quienes se vieron totalmente obligados a malbaratar sus concesiones y deshacerse de su patrimonio y el de sus familias.
La problemática central y el punto de mayor fricción radica en el sistema de prepago impuesto en las unidades.
Este modelo, si bien prometía modernizar el servicio, ha derivado en un esquema donde la operación de las recargas y el cobro están en manos de empresas ajenas a los transportistas.
Los concesionarios denuncian que estas empresas foráneas se han adjudicado el derecho de pagar a los transportistas lo que quieren y cuando quieren, generando una deuda millonaria que asciende a cientos de millones de pesos hasta el momento.
Esta práctica no solo estrangula financieramente a los operadores, sino que también los deja en una posición de vulnerabilidad extrema, impidiéndoles mantener en óptimas condiciones sus unidades, pagar a sus empleados y, en última instancia, operar de manera sostenible.
Las advertencias de los transportistas no son nuevas. Desde hace meses, han señalado a Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Transporte de Jalisco, como el principal responsable de lo que describen como una condena al servicio público.
Argumentan que las decisiones tomadas por su administración no solo ignoran las necesidades reales de la población, sino que también asfixian financieramente a los concesionarios, obligándolos a detener sus operaciones.
La desaparición de rutas como la 707, vital para la conexión de diversas colonias con puntos clave de la ciudad, representa un golpe directo a la movilidad de la ciudadanía, especialmente para aquellos que dependen exclusivamente del transporte público para sus traslados diarios a centros de trabajo, escuelas y servicios básicos. Los usuarios se enfrentan ahora a tiempos de espera más largos, trayectos más complicados y la necesidad de utilizar múltiples rutas para llegar a sus destinos, si es que tienen suerte de encontrar alguna opción viable.
La desaparición de rutas tiene un impacto directo y negativo en la calidad de vida de los habitantes de Guadalajara. Los tiempos de espera se alargan, las distancias a recorrer a pie aumentan y la saturación en las rutas restantes se vuelve insostenible. Esto afecta particularmente a las zonas con menor cobertura, profundizando la desigualdad en el acceso a servicios básicos y oportunidades laborales y educativas.
La advertencia de los transportistas es clara: si no se rectifica el rumbo y se implementan políticas justas y equitativas, el servicio de transporte público en Guadalajara corre el riesgo de desaparecer por completo. La confianza en las autoridades es mínima y la paciencia de los usuarios se agota. La ciudadanía y los transportistas exigen una revisión profunda del modelo «Ruta Empresa» y, de manera urgente, una solución a la problemática del prepago y las deudas que ahogan al sector.
El panorama es sombrío. Los transportistas insisten en que, de no rectificarse el rumbo, el servicio de transporte público en Guadalajara podría colapsar por completo, dejando a una de las ciudades más grandes de México sin una infraestructura de movilidad esencial y funcional.
