12 AÑOS DERRIBANDO BARRERAS DE INJUSTICIA SISTÉMICA A FAVOR DE VICTIMARIO EN CHAPALA
Por: Redacción/ TEN/ Región
Tras doce años de enfrentarse a un desgastante laberinto de impunidad, dilación procesal y encubrimiento, el caso de Daniela Báez Sosa entra finalmente en su etapa decisiva.
Lo que comenzó en 2014 como una agresión sexual cometida por un profesor mientras ella cursaba el tercer semestre en la Preparatoria Regional de Chapala, perteneciente a la Universidad de Guadalajara (UDG), derivó en una concatenación de omisiones, revictimización e indolencia institucional que retrata de cuerpo entero las fallas del sistema de justicia y de la propia casa de estudios.
Desde el primer momento, las estructuras de poder operaron para sofocar la voz de la víctima. La autoridad ejercida por el docente imponía un silencio forzado que la sociedad erróneamente interpretó como aceptación. Al acudir con la orientadora académica, en lugar de recibir amparo, se activó una red de protección invisible alrededor del agresor. Por su parte, la UdeG optó por blindar su propia imagen institucional y sancionó al docente únicamente obligándolo a tomar un curso de derechos humanos y adelantando su jubilación, una salida airosa que lo desvinculó de la institución sin señalar de fondo la gravedad de sus conductas, dejando al descubierto una clara violencia institucional orientada a preservar la estabilidad del plantel por encima de la integridad de sus estudiantes.
El camino ante las autoridades ministeriales y judiciales no fue distinto. La denuncia presentada ante la Fiscalía de Jalisco se topó con un proceso sistemático de dilación. De acuerdo con datos del INEGI, en Jalisco cerca del 89% de las carpetas de investigación se quedan estancadas en la etapa inicial y solo menos del 0.3% del total de denuncias llegan a un juicio oral, reflejando cómo la propia maquinaria estatal obstaculiza el acceso a la justicia.
Para Daniela Báez, ser parte de ese exiguo 0.3% exigió realizar manifestaciones públicas para obligar a la liberación de la carpeta y recurrir al amparo de la justicia federal.
Durante la etapa inicial, el proceso sufrió severos atropellos cuando la carpeta fue turnada ante el juez Luis Ignacio Ceja Arias —quien también mantenía una relación laboral con la UdeG—, el cual desestimó las pruebas mediante argumentos revictimizantes y sin sustento legal. A ello se sumó el «extravío» casual del expediente en el juzgado y la omisión del juez de remitir al Supremo Tribunal de Justicia del Estado la apelación interpuesta por la Fiscalía, obligando a la víctima a recurrir nuevamente a tribunales federales para que se reconocieran los elementos del delito y se ordenara la continuación del proceso. Aunado al acoso institucional, Daniela tuvo que encarar una prologada campaña de desprestigio e intimidación desatada en redes sociales, encontrando un soporte clave en la asistencia psicológica que la propia universidad le sugirió pero que terminó siendo la herramienta que le dio contención para no desarmar su exigencia de justicia.
El próximo 19 de agosto, el caso llegará finalmente a la audiencia de juicio oral en la que un Tribunal de Enjuiciamiento determinará la responsabilidad penal del acusado. Sin embargo, la sombra del conflicto de interés vuelve a posarse sobre el tribunal: el juez asignado para esta fase, Iván Gómez Vega, también mantiene una relación laboral activa como docente en el Centro Universitario del Norte (CUNorte) de la UdeG.
La preocupación es latente, pues durante el desahogo del juicio no solo se evaluará la conducta del exprofesor imputado, sino también las omisiones cometidas por otros trabajadores universitarios, conductas que ya han sido acreditadas mediante los dictámenes No. 03/04/2023 y No. 03/03/2024 de la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Sistema de Educación Media Superior (SEMS UdeG).
A pesar de que en la audiencia intermedia el imputado decidió no ofrecer ningún medio de prueba para su defensa ni testimonio alguno, y aun existiendo pruebas periciales, documentales y testimoniales de la policía investigadora, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la resolución dependerá de la interpretación del juzgador sobre un delito que por su naturaleza ocurre en la ocultación.
Doce años después, la exigencia central de Daniela Báez es que la actuación judicial sea ética, con perspectiva de género, libre de sesgos institucionales y apegada estrictamente a derecho, para que la sentencia no solo deslinde la responsabilidad penal del agresor, sino que restituya plenamente su dignidad con una certeza que el Estado le ha regateado por más de una década: confirmar que la culpa jamás fue de la víctima, sino de quien cometió el delito.
