REGIDORES DE CHAPALA INCURREN EN ASOCIACIÓN DELICTIVA POR APROBACIÓN DE PREDIO PARA NEGOCIO PRIVADO
Por: Redacción/ TEN/ Región/ Política
Lo que se gestó a la sombra de la opacidad y el ejercicio discrecional del poder vuelven a colocar bajo la lupa a la administración pública municipal de Chapala, Jalisco, donde el cabildo, lejos de asumir su rol constitucional como máximo órgano de gobierno y contrapeso democrático, redujo sus funciones a la complacencia institucional para avalar un presunto despojo al patrimonio de los chapalenses.
La responsabilidad legal y política que recae sobre cada uno de los integrantes del cuerpo edilicio quedó evidenciada tras consumarse un polémico acuerdo nocturno impulsado por el presidente municipal, Alejandro Aguirre, junto con la síndica y 13 de los regidores que votaron a favor de una maniobra calificada como un atentado directo contra la hacienda municipal.
De acuerdo con las denuncias formales emprendidas por el regidor Juan de Dios García Velasco, conocido como “Bebo”, la administración municipal aprobó la venta directa y una concesión por un periodo de 50 años de 2,200 metros cuadrados de terreno público a favor de dos particulares.
Dicha superficie, ubicada dentro de un área de cesión de la acción urbanística Vista Terrazas Chapala, es de carácter inalienable por ley; sin embargo, fue desincorporada y enajenada sin mediar avalúo comercial, licitación ni subasta pública.
El predio fue pactado a plazos y sin costo financiero bajo el argumento de financiar la ampliación del panteón municipal de San Antonio Tlayacapan, una justificación que contrasta drásticamente con el incremento de 17 millones de pesos destinado de manera simultánea al Capítulo 1000 de la nómina municipal.
El regidor de oposición advirtió que este esquema opera como un «traje a la medida» que compromete el patrimonio público y los intereses de las próximas dieciséis administraciones municipales. El contrato no solo carece de licitación, sino que exime a los inversionistas de presentar fianzas de cumplimiento y les otorga libertad absoluta para fijar tarifas al libre mercado en el servicio de depósito, guarda y conservación de restos humanos áridos y cenizas.
Ante la gravedad de estas acciones, García Velasco desplegó una ofensiva legal multifrente que incluye una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en
La sombra de la opacidad y el ejercicio discrecional del poder vuelven a colocar bajo la lupa a la administración pública municipal de Chapala, donde el cabildo, lejos de asumir su rol constitucional como máximo órgano de gobierno y contrapeso democrático, redujo sus funciones a la complacencia institucional para avalar un presunto despojo al patrimonio de los chapalenses. La responsabilidad legal y política que recae sobre cada uno de los integrantes del cuerpo edilicio quedó evidenciada tras consumarse un polémico acuerdo nocturno impulsado por el presidente municipal, Alejandro Aguirre, junto con la síndica y los regidores que votaron a favor de una maniobra calificada como un atentado directo contra la hacienda municipal.
De acuerdo con la denuncia formal emprendida por el regidor Juan de Dios García Velasco, conocido como “Bebo”, la administración municipal aprobó la venta directa y una concesión por un periodo de 50 años de 2,200 metros cuadrados de terreno público a favor de dos particulares. Dicha superficie, ubicada dentro de un área de cesión de la acción urbanística Vista Terrazas Chapala, es de carácter inalienable por ley; sin embargo, fue desincorporada y enajenada sin mediar avalúo comercial, licitación ni subasta pública. El predio fue pactado a plazos y sin costo financiero bajo el argumento de financiar la ampliación del panteón de San Antonio Tlayacapan, una justificación que contrasta drásticamente con el incremento de 17 millones de pesos destinado de manera simultánea al Capítulo 1000 de la nómina municipal.
El regidor opositor advirtió que este esquema opera como un «traje a la medida» que compromete el patrimonio público y los intereses de las próximas dieciséis administraciones municipales. El contrato no solo carece de licitación, sino que exime a los inversionistas de presentar fianzas de cumplimiento y les otorga libertad absoluta para fijar tarifas al libre mercado en el servicio de depósito, guarda y conservación de restos humanos áridos y cenizas. Ante la gravedad de estas acciones, García Velasco desplegó una ofensiva legal multifrente que incluye una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y daño patrimonial.
Asimismo, interpuso solicitudes de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito para frenar cualquier obra o emisión de licencias en el predio, promovió un juicio de nulidad en el Tribunal de Justicia Administrativa para lograr la cancelación del contrato y acudió a la Policía Cibernética y a la Fiscalía General del Estado de Jalisco para denunciar una campaña sistemática de difamación y ciberataques en su contra destinada a intimidarlo. Mientras el regidor ha insistido en que su postura no busca frenar mejoras en el panteón municipal de San Antonio Tlayacapan, han quedado al descubierto los negocios realizados a oscuras, y es que el voto en cabildo no debe constituir un cheque en blanco ni otorgar inmunidad ya que obliga a los munícipes a responder ante la justicia por las decisiones tomadas a espaldas de la legalidad y de la ciudadanía de Chapala, Jalisco.
