ABOGADOS DE JALISCO PIDEN MODIFICAR LEY PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, POR SER INCONSTITUCIONAL
Integrantes del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco, se pronunciaron por una contrarreforma a la Ley para el Ejercicio de las actividades profesionales del Estado de Jalisco, ya que a decir de ellos, se contraviene en los articulados 1°, 5° y 16° e la Ley Suprema ya que menoscaba los derechos de todos los profesionistas, entre ellos a la sociedad de la abogacía.
Señalaron que se trata de una ley recaudatoria que no beneficia a quienes ejercen una profesión en el estado de Jalisco, ni a los colegios y organizaciones de diversas actividades profesionales, por lo que lamentan que se viole el Estado de Derecho con el único objetivo de recabar recursos.
Ya que además se viola la Carta Magna cuando se exige a los que han aprobado el plan de estudios y adquirieron los conocimientos y habilidades avalados por la universidad de la que egresaron y aprobaron los exámenes correspondientes para poder acreditar la profesión y vivir lícitamente de ella.
Esta organización de la abogacía en Jalisco señaló que, al exigir una cédula estatal se viola la constitución por estar usurpando funciones de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación federal y va en contra del artículo 5°, de la Ley Suprema, que ofrece el derecho de ejercer una profesión de manera licita y conforme a la ley.
El Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco, exigió a los diputados de la LXIII Legislatura, se lleve a cabo una contrarreforma a la Ley para el ejercicio de las actividades profesionales del Estado de Jalisco por estar en franca violación a los derechos humanos de los abogados y todos las profesiones por exigir datos personales para el otorgamiento de la cédula, en contra de la protección que otorga la Carta Magna respecto a los datos personales.
Además, al exigir que se haga un pago al estado por la certificación y emisión de una cédula profesional estatal, se convierte en un estado recaudatorio en el que el profesionista asume el costo de ejercer una actividad que es legalmente viable y legitima, conforme a la Ley Suprema y los Derechos Humanos.
Por otra parte, denunciaron que en diversas fuentes de trabajo, tanto del ámbito gubernamental como del sector privado se presiona a los profesionistas que ya terminaron su carrera, a acreditar el conocimiento de la profesión por lo que se les otorgó un título y la dependencia responsable les entregó su patente para ejercerla que es la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Federal, que los acredita para llevar a cabo esa profesión previniendo el riesgo de ejercicio indebido.
Según José Luis Tello Ramírez, existe la posibilidad de recurrir al amparo, esto derivado de la arbitrariedad con la que abusaron de la confianza de los profesionistas que han recurrido a la tramitación de este documento estatal (que es ilícito), lo que se puede equiparar con el cobro de una plaza, «y solamente los delincuentes cobran plaza» dijo.
Luis Iván Santana, lamentó que sea Jalisco el único estado de la república en donde se exija una acreditación que en ninguna otra parte de la república tiene validez oficial, incluso ni como una identificación oficial.
