ACTUALMENTE IMPERA LA CORRUPCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA; EL RETO PARA EL NUEVO GOBIERNO SERÁ TENER A LAS PERSONAS IDÓNEAS PARA SU CARGO.

Datos de Transparencia Internacional, señalan que en el Índice de Percepción de la Corrupción en 2017, la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29. Esto ubica al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción.

A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además, junto a Rusia, México el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco, 91.7 por ciento de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes.

El porcentaje es superior a la media nacional, que es de 91.1. Los datos surgen de la encuesta aplicada entre la población de 18 años y más, sobre su experiencia acerca de trámites, pagos, servicios públicos y contacto con las autoridades.

Esa corrupción tiene un impacto en los bolsillos de los jaliscienses. En 2017, cada persona habría gastado alrededor de 3 mil 400 pesos en actos de corrupción. El costo nacional se estima en 7 mil 218 millones de pesos y el promedio nacional por persona es de 2 mil 273 pesos, por lo que también en este caso el estado supera la media del país.

De acuerdo la misma encuesta Jalisco se encuentra en el tercer lugar precedido por Michoacán y el Distrito Federal, por lo que alerta y prende los focos rojos ante la evidencia de saber que se cobran trámites que deberían de ser gratuitos.

El Consejo de Colegios de Abogados del Estado se pronuncia nuevamente en favor de la lucha anticorrupción ante el retraso de la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción que deja abierta y vigente la conducta inmoral y los actos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y nepotismo por funcionarios de los tres poderes del Estado y de los gobiernos municipales.

La lucha contra la corrupción es un compromiso que está en el aire ya que no se ha logrado avanzar por lo que la sociedad exige que se dé un golpe de timón y se resuelvan los conflictos entre los grupos de poder que son un obstáculo para sacar adelante el Sistema Estatal Anticorrupción.

Desde el inicio de las denuncias que el Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco ha llevado a la opinión pública hemos advertido de los actos ilegales o de abuso de autoridad que han cometido los funcionarios de los tres poderes y que ya debería de haber detenido la operación de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.

Hemos observado cómo se le niegan recursos al Fiscal Estatal Anticorrupción, se le niega personal especializado y se le impide la contratación de expertos que apliquen la legislación actual y lleven ante los jueces a los responsables de actos de corrupción que son públicos y que demuestran la ausencia de ética y respeto a la ley de magistrados, jueces, y funcionarios de los tres poderes del estado.

Desde el abandono en que tienen sumida a la Ciudad Judicial, de la que ya no queremos decir, se los dije, pero aún nadie atiende el grave deterioro en que se encuentra, menos resolver el posible colapso que se anuncia ante la notoria falta de adaptación a las leyes y reglamentos constructivos que permitieron su edificación.

Los enfrentamientos de los diputados locales por la designación de los magistrados cuyas plazas se encuentran vacantes y que ya deberían de ser electos porque  sus  ponencias están abandonadas por los pleitos públicos de los diputados y la inoperatividad de otra que retrasa las convocatorias, y tienen detenido el avance del sistema.

Sin dejar de advertir las decisiones de un presidente que nombra ilegalmente a una secretaría de acuerdos como magistrada, sin tener las facultades para designar a este nivel de funcionarios, lo que ha propiciado que la justicia se niegue a los ciudadanos por falta de materia de los juzgadores, además de tener claro la proclividad de la funcionaria por los moches.

Los abogados de Jalisco, no podemos seguir permitiendo que lleguen personas deshonestas, corruptas, a la función pública, que estén comprometidas con el dinero, con los grupos facticos de poder, con los partidos políticos , que dañen a las instituciones públicas, tomándolas de botín para enriquecerse  y colocar a su familia y amigos personales como servidores públicos. Situación que se refleja en las instituciones hoy en día.

Estos acontecimientos nos alertan a los abogados porque vemos que nuestras demandas no avanzan y encarecen la justicia en perjuicio de los demandantes quienes tienen que perder su patrimonio por la ambición de los administradores de la justicia. Que violan el Estado de Derecho.

Recomendaciones para Jalisco y México:

Asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el territorio nacional.

Crear una Fiscalía capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados.

Avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del presupuesto para programas y políticas públicas que detengan el grave deterioro de la función pública.