CIUDAD JUDICIAL, CENTRO DE NEGOCIOS EN MANOS DE FAMILIAS DE POLÍTICOS.
El Consejo de Abogados del Estado de Jalisco, a través de sus 34 colegios, hacen un llamado al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez para detener el saqueo, robo y abuso de autoridad que llevan a cabo particulares en el uso de concesiones ilegales en servicios y que alteran la dotación de una justicia expedita, pronta, completa e imparcial.
El Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, con sus más de 5 mil abogados integrados a los colegios, ha denunciado, sistemáticamente los abusos y las omisiones graves que grupos fácticos emanados de los políticos del momento, llevan a cabo en servicios que son fundamentales en la administración de la justicia.
Además de que el Consejo de Colegios ha denunciado insistentemente las fallas con las que se construyó el edificio de la Ciudad Judicial que fueron motivo de una denuncia basada en el peritaje de Protección Civil que alerta del posible desplome de la estructura, nada se ha hecho al respecto y más de 16 mil usuarios, principalmente abogados y demandantes de justicia, están en riesgo latente.
De nueva cuenta hacemos hincapié en el servicio de fotocopiado, concesión ilegal otorgada a un particular desde el Consejo de la Judicatura y cuyo costo recae en el demandante de justicia, contrario a la expresión constitucional, ya que aún es necesaria la copia del expediente para conocer y posicionarse del asunto que se está atendiendo.
Quienes ostentan esa concesión, que debería de ser un servicio oficial del Poder Judicial, con bajo costo para la sociedad, recaban millonarias cantidades en el uso de más de 100 equipos de fotocopiado que hoy tienen un costo de 1.50 pesos, ya que antes fue de 2.00 pesos; reducción lograda por las presiones del CCAEJ, pero que no resuelven de fondo el problema.
El cobro también ilegal, por lo ilegal de la concesión, otorgada a un familiar de quien era Consejero Ciudadano, del estacionamiento de Ciudad Judicial; que de la misma forma que las copias, deja millonarias ganancias a costa de ciudadanos, justiciables, abogados, peritos, servidores públicos que, como en Ciudad Judicial Federal, debería ser gratuito.
El estacionamiento de Ciudad Judicial que cuenta con 1,200 cajones, se cobra una tarifa de 20 pesos por hora, por lo que sus ganancias pudieran ser de aproximadamente 200 mil pesos diarios, más de 3 millones de pesos, sin que aporten un centavo al mantenimiento y recuperación del inmueble; se trata de una concesión en la que se encuentra involucrado el ex consejero Mario Pizano Ramos y quien fue propuesto por su hermano Héctor Pizano Ramos, quien dejó el PRI y se fue a Movimiento Ciudadano.
Como ya se dijo esta concesión que fue otorgada por el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes y los consejeros: Alfonso Partida Caballero, Jaime Gómez y el mismo Mario Pizano Ramos, el 27 de agosto de 2015, en el concurso de licitación 19/2015 otorgada a DTC, como único participante.
El Consejo de Colegios de Abogados del estado de Jalisco denuncia, nuevamente, que se trata de una concesión ilegal ya que el Consejo de la Judicatura no está facultado para otorgarla, debido que no es el propietario de Ciudad Judicial.
De la misma manera se encuentra el negocio de la información que procesa la administración de la justicia y que ha otorgado desde hace más de 10 años a un particular para que haga uso de resoluciones, acuerdos, sentencias y todo aquel material informativo que se origina en los juzgados en materia penal, civil, familiar y mercantil. Al amparo de los consejeros del Consejo de la Judicatura, dos empresas reciben la información judicial, que debe de ser pública y éstos la venden en servicios que cobran desde 1,200 pesos mensuales y con las que reciben recursos millonarios que deberían de ser de acceso gratuito.
Estos son los principales negocios que han hecho al amparo del Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura que propician el encarecimiento de la administración de la justicia, por lo que el gobernador Enrique Alfaro debe detener este robo a la sociedad e investigarlos.
