CRECE SOSPECHA DE «LAVADO DE DINERO» EN LA RUTA-EMPRESA.
Crece la inconformidad entre el sector transportista que actualmente se encuentra dividido entre concesionarios y subrogatarios del transporte público en Jalisco, en torno al procedimiento al que han sido forzados por la dependencia estatal a fin de ser considerados como prestadores de ese servicio.
Luego de que este miércoles 11 de diciembre se diera a conocer la noticia de que el actual titular del área de la Dirección General de Transporte en el Estado, Amilcar Arnoldo López Zepeda; recibiera la sentencia en el vecino estado de Guanajuato, por diversos delitos, entre los que se le atribuyen Peculado y malos manejos del erario municipal de la ciudad de León, durante la administración 2012 al 2015, cuando se desempeñó al frente de la dirección de la Secretaría de Movilidad.
Y aunque se le encontró responsable de la comisión de los delitos imputados, en contra de la Administración Pública y de la Hacienda Pública de este municipio guanajuatense, la responsabilidad penal debido al monto que fue considerado como menor, menos de medio millón de pesos, se le condenó a un año y medio de prisión, el pago de una multa menor a mil pesos; sin embargo y de acuerdo al expediente 117/2018, se le concedió conmutar la pena, por trabajo a favor de la comunidad (ya cumplido).
De igual manera, se establece la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante el tiempo que marca la privación de la libertad. Con estos antecedentes, López Zepeda ha operado el proyecto del Gobernador Jalisciense Enrique Alfaro Ramírez, Mi Transporte.
La preocupación de los propietarios de las unidades, que en su mayoría han sido afectados por la implementación de este impositivo modelo, mal llamado «Ruta-Empresa» tiene mucho trasfondo, incluso se estuviera gestando el modelo ideal para el «Lavado de Dinero» ya que en la actualidad, a un año de la actual administración Alfarista, las irregularidades, favoritismos y manejos realizados por esta autoridad para «revivir» algunas rutas, ha sorprendido a quienes dependen de un patrimonio familiar.
Líneas de «empresarios» nunca antes conocidos en este sector, aparecieron de la noche a la mañana, invadieron derroteros, desplazaron rutas y lo peor fue la tolerancia e impunidad demostrada por la autoridad competente.
