UN GOBIERNO DESCONOCEDOR DE SU IGNORANCIA
Por: Dr. Luis Octavio Cotero Bernal
Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.
La semana pasada con mucha vergüenza, coraje y molestia, una vez más pude corroborar, el hecho de que nuestra autoridad estatal, refiriéndome de manera muy concreta al ejecutivo y al legislativo, asumieron sus cargos, pero los han venido ejerciendo, pasando por alto, el guardar y hacer cumplir la Constitución.
Ejemplos sobran para comprobar, la forma en que el ejecutivo estatal pasa por alto lo establecido por nuestra Constitución, misma que se obligó a guardar y hacer cumplir, el día que protestó su cargo, pues sólo basta recordar, como hace un par de días, el ejecutivo estatal se tomó la libertad de recortarle el presupuesto a la Universidad de Guadalajara, acción a todas luces ilegal.
El presupuesto anual para la administración pública se origina, con la propuesta del ejecutivo al legislativo y es precisamente a este último, a quien le corresponde aprobarlo para allegarlo a cada institución en él contemplada. No obstante lo anterior, un día cualquiera, el titular del ejecutivo decide recortar ciento cuarenta millones de pesos del presupuesto dos mil veintiuno que ya había sido asignado a la Universidad de Guadalajara para, aparentemente, reasignarlos a la construcción del Hospital Civil de Oriente, atentando con ello a la autonomía de la universidad.
El presupuesto que al final se prueba para el ejercicio anual inmediato, tiene como propósito se destine a cada institución en él contemplado para aplicarlo en determinado proyecto, institución que a su vez tiene la responsabilidad de rendir cuentas de la totalidad del recurso que le fue asignado. La función de vigilar que se cumpla con el anterior propósito le corresponde a la Auditoría Superior del Estado, quien de encontrar acciones u omisiones indebidas, deberá hacerlo del conocimiento del Poder Legislativo para que éste a su vez lo sancione, conforme a las facultades que la ley le confiere.
Es muy vergonzoso para una sociedad como la nuestra, la cual ha presumido durante años, ser cuna de reconocidos juristas, como lo fue Mariano Otero, así como los ex ministros de la Suprema Corte de Justicia, Juan Ignacio Luis Vallarta y don Mariano Azuela, quienes doquiera que se encuentren, esperemos no se enteren del estatus que guarda nuestro actual gobierno, representado por un gobernador que ni siquiera se sabe gobernar a sí mismo, pues perdido en sus excesos y mayormente, perdido en su ignorancia, pretende eliminar el recurso económico asignado a la Universidad de Guadalajara, recurso económico que no es otra cosa que, el resultado de un proceso legal, aprobado y sancionado en la instancia correspondiente. Reducir el presupuesto a una institución de educación, la cual ha logrado que, se imparta la educación media y superior en cada uno de los rincones de nuestro estado, aunado a su labor de fomentar la cultura en todos sus términos, es una conducta perversa.
El titular del ejecutivo estatal no es ajeno, respecto a que, su proceder en el tema del recorte presupuestal es arbitrario, no obstante en que se empeña en no reconocer su error, en días pasados fue necesario que el Congreso de la Unión, aprobara un punto de acuerdo para hacerle un llamado y respete la autonomía de la Universidad de Guadalajara y las asignaciones presupuestales en curso para construcción del Museo de Ciencias Ambientales, que ascienden a ciento cuarenta millones de pesos.
No menos vergonzoso es, el hecho de que nuestro congreso local, atienda dicha petición del ejecutivo estatal, pues ello conllevaría un total ridículo legislativo, pues estarían contraviniendo sus propias determinaciones, ya que el presupuesto que se ejerce, antes fue autorizado por esa instancia del gobierno.
Pareciera que quienes integran actualmente el congreso de nuestro estado, olvidaron a estas alturas que, el lugar donde se sitúan, es el ente que en teoría, representa al pueblo de Jalisco, por ende, su actuación debería ser siempre a favor de la comunidad y no a capricho y a voluntad del gobernador en turno.
Una vez más me dirijo especialmente al foro estatal de abogados, a quienes mayormente nos corresponde enfrentar y combatir tan dolosas e inadmisibles conductas, desplegadas por quien estila abusar, a través de sus facultades, contraviniendo con ello las leyes, las que también el titular del ejecutivo está obligado a respetar, a cumplir y a hacer cumplir.
