DESGRACIADO JALISCO

Por: Dr. Luis Octavio Cotero Bernal
Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

Nuestro estado se encuentra padeciendo la peor corrupción de su historia, la cual permea, además, a la procuración y la administración de justicia.

Es igual de preocupante que, el Poder Judicial del Estado, se encuentre controlado por el titular del ejecutivo, sin considerar, ni uno ni el otro, lo establecido por la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado de Jalisco, pues ambas prohíben categóricamente que, dos poderes recaigan en un mismo individuo.

Desafortunadamente, el sometimiento del Poder Judicial Estatal al Ejecutivo, no sólo los afecta a ambos, sino que, afecta además a todos los jaliscienses, sin excluir a uno solo de los sectores que lo componen.

Habíamos estado esperando a que, la actual legislatura, integrada por mayoría de mujeres, se instalara. Al menos el de la voz, tenía la esperanza de que, fueran capaces de desempeñar ese cargo haciendo uso de sus conocimientos, que se caracterizaran por su valor civil, su honorabilidad, su lealtad al pueblo, pero, sobre todo, se caracterizaran por ese respeto absoluto que se debe guardar al estado de derecho.

Es necesario se dignifique al Poder Legislativo, pues pesa sobre éste, un incuestionable sometimiento, pero a intereses y caprichos de personajes ajenos a su competencia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece disposiciones y facultades, respecto a someter, en caso de ser necesario, a las legislaturas de los estados, de tal suerte que, conforme al artículo 76, fracción V de dicho precepto nacional, encontrándonos en ese supuesto, es facultad exclusiva del Senado de la República, declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del presidente de la república con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso.

En este orden de ideas y al prohibir la Constitución, el depositar más de un poder en una sola persona lo que, tengo claro que, en nuestro estado, al menos legalmente no se ha declarado así, pero entonces ¿por qué se le permite al titular del ejecutivo, intervenir en la designación de magistrados y consejeros? Sin pasar por alto que, también interviene en el sentido de las resoluciones emitidas desde el Tribunal de lo Administrativo, así como en el Pleno del Supremo Tribunal por citar sólo algunos ejemplos.

La legislatura pasada inmediata, precisamente se caracterizó por ese sometimiento, lo que se comprobó cuando se trató de designar consejeros para el Consejo de la Judicatura, quienes ni siquiera aprobaron los exámenes de conocimiento, no digamos aspectos como la fama pública.

Hoy se hace necesario además, traer a escena el recién acaecido proceso, mediane el cual se designó al actual Fiscal Estatal, un proceso por demás desaseado, en el cual se violentaron preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado, pues se inventaron criterios para justificar la aprobación de ese nombramiento, nombramiento que recayó en una persona que, con el debido respeto que él merece, refiere una formación académica muy pobre, sin perfil suficiente para ese cargo y mucho menos con un proyecto de trabajo sólido y real, sino únicamente con la expresión y compromiso de continuar con la estrategia establecido por el fiscal inmediato anterior. Lo anterior sólo permite vislumbrar otro inevitable fracaso.

Los temas abordados con antelación, sirven para evidenciar la urgente necesidad de que, en Jalisco se declare desierto el gobierno local y se convoque al Senado de la República para que cumpla con su deber.

Una vez más, como en ocasiones pasadas lo he hecho, me dirijo particularmente a mis compañeros abogados para que, recordemos que no hay peor cobardía que el callar, cuando se debe de hablar, tal cual lo expresara Abraham Lincoln en uno de sus discursos.

Con todo respeto a mi gremio, considero que, somos los mayormente culpables del desastre jurídico en el que vivimos, pues nos volvimos indiferentes a este drama tan lamentable que desde hace años aqueja a nuestra sociedad.