EL RASTRO MUNICIPAL DE EL SALTO CUMPLIÓ UN AÑO CERRADO.
Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano información relativa al cumplimiento de acciones para garantizar la salud de los pobladores de las zonas aledañas al río Santiago, en los municipios de Juanacatlán y El Salto.
Y entre las medidas cautelares solicitadas están: suspender un decreto que levantaba la veda en el aprovechamiento de agua del río Santiago en El Salto, y que se suspendan los permisos para descargar aguas negras; además de que se proporcionen servicios de salud a los enfermos por la contaminación.
El actual regidor y ex primer edil en el municipio Saltense, Joel González Díaz, dijo que ante la omisión de algunas autoridades de los tres poderes de gobierno, han omitido o minimizado el problema real que se vive a consecuencia de la contaminación del río Santiago.
Agregó que durante la actual administración, la repercusión en El Salto para sus habitantes ha atacado directamente a la salud, sin que hasta el momento exista interés de parte del gobierno municipal de tomar «cartas en el asunto» de manera responsable.
«Cuando fui presidente municipal logramos invertir y poner en funcionamiento la planta de tratamiento de agua, misma que hoy parece no estar trabajando» dijo González Díaz. Entre otras medidas adoptadas para frenar la generación de contaminantes, se procuró la concientización del sector industrial asentado en este municipio, a fin de que evitaran verter sus residuos sin tratamiento a las aguas del Santiago.
«El ayuntamiento entonces a mi cargo, aplicó una serie de medidas correctivas como modernizar las instalaciones del rastro, que no contaba con las condiciones adecuadas para el manejo de sus residuos. Ya cumplió un año cerrado» refirió el regidor saltense.
