LA FISCALÍA DEL EDOMEX Y SUS PRÁCTICAS AMAFIADAS
Por: Redacción/ TEN/ Región
Las prácticas sistemáticas que algunos servidores públicos, tales como la siembra de delitos por parte de la Fiscalía y sus elementos ministeriales, se han incrementado para poder ampliar el término de detención o extorsionar a la ciudadanía, llegando a la privación de la libertad de algún familiar y coaccionarlos psicológicamente, en caso de ser consignados.
Esta forma de “trabajo” (colusión) que los denominados “servidores públicos” de la fiscalía del Edomex (En TEXCOCO), se ha convertido en una actividad cotidiana e inclusive, para poder aumentar el término de un probable delito.
La denuncia que recientemente un vecino de la colonia Guadalupe Victoria, interpuso, fue en contra del personal de esta institución, (al menos siete varones y dos mujeres) y a la acción de investigación del cateo con el número de expediente 986/2023 en el domicilio de un posible delito: El fiscal encargado de dicho cateo, llevado a cabo en la Colonia Guadalupe Victoria de Texcoco: Tex/tex/00/mpi/172/ueuxb/23/04.
Dicho cateo se realizó el pasado 5 de abril del 2023. Y a consecuencia de la siembra de posibles enervantes fue asegurado el inmueble está asegurado en la carpeta de investigación a cargo de Fiscal Ricardo Granados: Tex/tex/tex/100/093350/23/04.
La acción produjo la consignación por el juez de control Emmanuel Ruiz Albarrán. Algunos ciudadanos aportaron un video, en donde se observa el actuar del policía Ministerial, quien “siembra un presunto paquete de una droga” y señala al Fiscal encargado del cateo, de la presencia de un sobre en el lugar inspeccionado, como resultado en consecuencia se dio la consignación y aseguramiento del bien inmueble.
Un silencio en complicidad de sus compañeros, “servidores públicos” por parte del juez y la defensa aporta como evidencia y prueba, el vídeo, donde el policía ministerial planta la bolsa de lo que ellos aseguraban, eran enervantes. Ante la violación del debido proceso y la resolución del juez que conoció del caso, actúa desechándolo por considerar que el video no tiene alcance suficiente como prueba y a su criterio, decide no darle valor probatorio, encubriendo a los “corruptos” elementos, de la posible responsabilidad al momento de alterar las circunstancias del cateo.
El estado de indefensión en que el ciudadano y sus familiares agraviados e indiciados, a consecuencia de estas prácticas ya comunes en la fiscalía del estado de México, resultan intolerables, ofensivas y ventajosas.
Ya que las redes “amafiadas” de muchos servidores públicos, han propiciado desconfianza y miedo, de que su familiar (implicado) pierda la libertad.
De acuerdo con el marco legal, las omisiones por colusión agreden los derechos establecidos en el Artículo Primero de la Constitución e incurre en responsabilidades, señaladas en la ley general de servidores públicos vigente.
