Se cumple un año y ocho meses, que José Ángel Nuño Nuño, fue víctima de la delincuencia; como miles de ciudadanos que diariamente son “levantados”, “secuestrados”, “privados de su libertad”, entre muchos otros calificativos que las autoridades “etiquetan” la práctica comúnmente ejecutada que termina en “desapariciones forzadas”.
Esta es una más de muchas historias, cuyas impresionantes coincidencias, llevan a la sociedad a elucubrar sobre el desempeño de las autoridades, rebasadas, impotentes, incapaces o coludidas en este grave problema de inseguridad pública.
Aunque ha sido de conocimiento público, que cuando se trata de alguna persona “importante”, de inmediato se moviliza todo mundo, funcionan las cámaras del C-5, despliegan elementos investigadores y hasta existe la coordinación entre dependencias gubernamentales.
El caso más reciente fue el del periodista Jaime Barrera, quien gracias a que “oportunamente” se intervino (aún fuera del protocolo de las 72 horas) y que su hija, consejera federal y candidata a la diputación local de Morena en Guadalajara, se movilizó; esas diferencias dieron como resultado que el personaje público apareciera, “peinado y planchado” a 100 kilómetros de Guadalajara, pero con vida.
Pero que pasa para esos miles de personas y sus familias que se ven inmersas en un dolor tan grande como el de dejar de ver a un ser querido, peor aún, sin que exista al menos, una certeza de que las autoridades están dando seguimiento a los casos.
