ORDENA TRIBUNAL A EJECUTIVO ESTATAL INDEMNIZAR CON MÁS DE 40 MDP A TRANSPORTISTAS.
En una determinación judicial con carácter inapelable, la Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco, debe indemnizar con poco más de 40 millones de pesos a los dueños de 16 camiones del transporte urbano, por concepto de Responsabilidad Patrimonial.
Luego de que el pasado 5 de abril del 2019, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, concediera el amparo y protección de la justicia federal para que el Fiscal General del Estado de Jalisco determinara respecto de los delitos que se imputaban de invasión a las vías generales de comunicación y dicha dependencia resolvió archivar el expediente en forma definitiva por falta de testimonios y pruebas; la instancia judicial de la Federación antes mencionada también resolvió archivar definitivamente la Averiguación Previa número 896/2018 y sus acumuladas.
El 14 de agosto del 2009, un grupo de subrogatarios del transporte urbano realizó una manifestación a las afueras del Congreso del Estado, en donde entre otras cosas se quejaban del acoso que enfrentaban por parte del entonces Secretario de Vialidad.
Dicha dependencia, ordenó un operativo el cual resulto en la emisión de diversos folios por tener los vehículos estacionados en línea amarilla y prosiguieron a detenerlos y mandarlos a un depósito del entonces Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) Casualmente el Secretario de Movilidad en esa época era el actual titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, quien se caracteriza por ordenar la detención sistemática de unidades del transporte urbano, sin tomar en cuenta los daños patrimoniales al erario público.
Al tratarse de simples folios, los subrogatarios presentaron un amparo indirecto el cual fue turnado para su estudio al ahora denominado Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco. En este juicio de garantías se otorgó a favor de los suscritos la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las unidades les fueran devueltas.
La suspensión no se pudo ejecutar ya que personal de la Secretaria de Vialidad, ahora Secretaria de Transporte, en colusión con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) presentaron varias denuncias por ataques a las vías generales de comunicación y daño a las cosas, estas denuncias se radicaron en la agencia 20C de la PGJEJ con números de averiguación previa 10967/2009 al 10981/2009 (Todas acumuladas a la averiguación 10966/2009-B) con lo que lograron que el agente del Ministerio Público número 20C asegurara los vehículos, mismos que estuvieron a su disposición desde el 14 de Agosto del 2009 hasta el 25 de Octubre del año 2010, lo que significa que los automotores estuvieron encerrados 416 días.
Por este motivo, fue declarada la existencia de Responsabilidad Patrimonial a la Secretaría de Transporte, en atención a la causas productoras del daño generado, a razón de $2´551,014.00 (Dos millones quinientos cincuenta y un mil catorce pesos 00/100) por cada uno de los camiones que estuvieron irregularmente detenidos, lo que nos da un gran total por los 16 camiones de $40´816,224.00 (Cuarenta millones ochocientos dieciséis mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) por los dieciséis camiones que dejaron de producir en atención a la conducta irregular de esta autoridad.
Hay que aclarar que desde hace muchos años las autoridades estatales violan la ley de manera sistemática, pues la facultad de tránsito es municipal, no estatal, lo que significa que los agentes de la Secretaria de Vialidad, hoy de Transporte actúan fuera de la ley al cobrar multas e infracciones a los automovilistas, quienes simplemente deben ampararse. Los auto transportistas aclararon que de no cumplir con lo que la ley manda y negarse a pagar las autoridades estatales, se presentará el procedimiento judicial correspondiente.
Aunque se dijeron confiados en una respuesta positiva de la Secretaría de Transporte, luego de que el pasado jueves 23 de mayo el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en entrevista con los medios de comunicación afirmó que “en este Estado lo que hay, es la vigencia de la Ley”.
