¿POR QUÉ TOLERAR A UN INTOLERANTE?

Por: Dr. Luis Octavio Cotero Bernal
Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

Es verdaderamente lamentable y desalentador, el estado de derecho que se vive en este país, pero de manera muy particular me voy a referir al estado de derecho fallido que se vive en nuestro estado.

Jalisco, a lo largo de varios años ha presumido ser una de las entidades más importantes a nivel país, en temáticas tan diversas como el deporte, la cultura, el cine, la literatura, la política y el aspecto económico por citar sólo algunos; sin embargo, en la actualidad son otros temas, respecto a los cuales Jalisco suele ocupar los, para nada honrosos primeros lugares.

No menos preocupante debería ser, el hecho de que todos los sectores de la sociedad, mostremos una actitud pasiva ante nuestra realidad social, pues nos volvimos espectadores, no obstante de que, nos afecta severamente, el fallido estado de derecho que reviste a nuestro estado. Desde mi muy particular punto de vista, un estado de derecho fallido es aquel que no garantiza su propio funcionamiento, ni garantiza los servicios básicos de la población, dada sus instituciones frágiles, las cuales carecen de personal capacitado y/o recursos suficientes para que, a través de todos esos recursos en su conjunto, se logren satisfacer todas las necesidades esenciales de la ciudadanía.

Actualmente, ni ricos ni pobres; ni hombres, ni mujeres, ni cualquier otra identidad de género, nos hemos solidarizado para manifestarnos y exigir al gobierno en turno, cumplir con las obligaciones que adquirieron al iniciar su mandato, obligaciones que aceptaron y protestaron su cumplimiento, acorde a lo establecido en la Constitución federal y estatal.

Podríamos colocar como primera necesidad social a la seguridad pública; o bien, la protección a nuestro patrimonio, otros podrán elegir como prioridad a la reactivación económica; sin embargo, todas son aspectos importantes, los cuales sólo funcionan favorablemente, cuando no se prescinde de alguno de ellos.

Las instituciones encargadas de la impartición de justicia, se volvieron expertas en re victimizar a las víctimas, las hay inclusive, aquellos organismos que, en su calidad de auxiliar de la autoridad, contribuyen no sólo a obstaculizar el debido proceso, sino que en la mayoría de los casos, contribuye a afectar el debido proceso.

Situados en la temática de desaparecidos, cierto es que, hay colectivos que contribuyen a alzar la voz para reclamar o exigir al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la devolución de los cuerpos ya identificados que, por diversos factores o circunstancias de índole administrativa, le impiden devolver a los familiares en un tiempo razonable, el cuerpo de su familiar y no obstante que se volvió una constante, el gobierno ha optado por guardar silencio y seguir indiferente ante una situación tan sensible y lastimosa como lo es, localizar a un familiar desaparecido.

A casi dos años de comenzó la pandemia de salud en la que nos encontramos situados, sólo vino a agravar la deficiente funcionalidad de las diversas instituciones gubernamentales, pues cierto es que, desde antes de la pandemia estaba clara ya la deficiencia que reviste y caracteriza a la mayoría de servidores públicos y para muestra de esa deficiencia están: las Agencias del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal; los juzgados familiares, civiles, mercantiles; las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, instancias en las que, para la emisión de un acuerdo de mero trámite, hay que esperar dos, tres, cuatro o hasta cinco meses.

El Consejo de la Judicatura del Estado, se ha resistido a hacer uso de la tecnología en beneficio de la sociedad, pues ni siquiera las controversias del orden familiar se han caracterizado por revestirse de una justicia expedita, tal y como lo mandata nuestra Constitución.

He expresado ya en otras ocasiones que, desde antes de la pandemia, en diversos estados de la república, como lo es el caso de León, Guanajuato, los juicios originados por solicitud de divorcio por mutuo consentimiento, se resuelven en una sola audiencia, con un tiempo aproximado de cuarenta minutos, en la que al concluir, el juez que preside la misma, entrega a uno de los interesados, el oficio mediante el cual, habrán de registrarse todas las anotaciones marginales correspondientes y elaborarse la expedición del acta de divorcio, lo que aún se percibe imposible en nuestro estado, pues hay juzgados familiares en los que, sólo para conocer el sentido del primer auto, hay que esperar al menos dos meses.

Los anteriores son sólo ejemplos, mediante los cuales tenemos claro que, aquí en Jalisco existen diversas problemáticas, las cuales deberían ser prioridad para nuestro gobierno y ocuparse en ellas, pues la justicia debe llegar a tiempo al justiciable. ¿Hasta cuándo reaccionaremos?