SOCIOS MAYORITARIOS DE LECHERA GUADALAJARA TEMEN TRÁFICO DE INFLUENCIAS PARA DESPOJARLOS DEL NEGOCIO FAMILIAR.
La batalla por el control de la empresa Sello Rojo no amaina. El asunto va para largo y la que más sufre es la empresa lechera de mayor arraigo en el Occidente del País.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Jalisco para armar una mesa de negociación, esta se vino abajo ya que a pesar de haberse acordado que la negociación se haría por buena voluntad y mediante la mediación del Gobierno del Estado cesando, durante el proceso de negociación la ofensiva legal de las partes, los socios minoritarios rompieron el acuerdo. La mesa había conseguido grandes avances; desafortunadamente el pasado 22 de octubre las conversaciones fueron abruptamente interrumpidas.
En este conflicto de más de un año de duración, Abraham González y su hermano Masayi, socios minoritarios habían sostenido el control de la empresa con medidas cautelares altamente cuestionadas en el medio empresarial, llegando el desgaste incluso a el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, donde Masayi ha sido el primer presidente electo por voto dividido para un segundo periodo cuando todos los anteriores habían logrado consenso absoluto, de tal forma es que los socios mayoritarios de Sello Rojo, han entendido que no hay voluntad de negociación de la parte minoritaria (Rubén Masayi y Abraham González Uyeda), sino una clara intención de despojarlos de sus bienes mediante su capacidad de tráfico de influencias en el Poder Judicial.
A lo largo del conflicto, los abogados de los socios mayoritarios han acusado sistemáticamente a Abraham González Uyeda, de utilizar sus relaciones como ex sub secretario de Gobernación en el periodo de Francisco Ramírez Acuña, para secuestrar Sello Rojo mediante el cobro de favores a antiguas cuotas en el Poder Judicial.
El asunto dio un giro luego de que el pasado 08 de octubre el juez Quinto de Control y Juicio Oral Penal, Juan Paulo Dávalos, acreditara, mediante una investigación criminal que Hilda Hiroko, Rubén Masayi y Abraham González Uyeda habían simulado asambleas de accionistas de Sello Rojo donde aseveraron ser el 100% del capital social y es basado en estas asambleas que se les ha otorgado el control de la empresa, a pesar de que sólo cuentan con 38.73% . Esto hizo que el Juez Quinto considerara existían datos de prueba para evidenciar el delito de fraude procesal (art. 154 bis del Código Penal) y ordenó que se paralizaran sus medidas cautelares para que se restituyera el orden natural de la empresa y se regresara el control de la misma a la mayoría. Dicho de otro modo, señaló que había razones para suponer que se simuló un proceso para apoderarse de la empresa y era necesario revisar esta situación que podría ser un delito grave.
Como consecuencia de ello la empresa y el control de sus activos pasaron a manos de los socios mayoritarios. Esto no duró. Y en menos de una semana la posesión física de la empresa volvió a manos de los socios minoritarios, por orden de un juez mercantil, el mismo que había puesto la empresa en manos de los socios minoritarios, el que dictó las medidas cautelares inciales.
El control de las cuentas bancarias, siguió en manos de los socios mayoritarios hasta que los bancos, para protegerse, exigieron la presencia de todos los accionistas. Esto cambió dos cosas: a ojos de los bancos Abraham y Masayi ya no representaban la voluntad del cien por ciento de los accionistas y por primera vez peligró el pago de la nómina de cuatro mil quinientos empleados. El Poder Judicial suspendió tanto al juez mercantil como al juez penal y se inició una mesa de negociación con el gobierno del Estado que hoy ha llegado a un callejón sin salida.
Los socios mayoritarios acusan a Abraham y Masayi no sólo de haber roto los acuerdos sino de haber quebrantado la ley doblegando jueces para levantar las medidas ordenadas por el juez penal la mayoría señala que los tribunales de Jalisco están doblegados ante Abraham González y su hermano Masayi y aseguran que este martes 26 de Octubre presentarán pruebas de las irregularidades.
Los socios mayoritarios, Tomie, Sergio, Roberto y Alfredo aseguran que para conseguir justicia y recuperar su empresa tendrán que recurrir a tribunales federales.
