Con origen en España, sin identidad jurídica y manipulada por agrupaciones representantes de minorías, pasó a países latinoamericanos como Argentina, en donde fue permeando a través de mecanismos legaloídes hasta formar parte de los articulados de leyes y códigos civiles y penales para inventar poco a poco un termino pseudo jurídico, actualmente vinculado a aspectos de violencia familiar, a pesar de no estar tipificada en España.
A decir de la Presidente del Consejo Interamericano de los Derechos de la Familia y la Organización Civil Primero Infancia Internacional, Psic. Jazmín Fuentes Montpellier, lejos de pretender la justicia y la unidad familiar, se trata de una Ley cuyos antecedentes en España ha dejado al 70 por ciento de varones señalados en algún tipo de problema con su pareja, en una situación de vulnerabilidad y «sin techo» o en estado de indigencia, desamparados ya que la defensa simplemente no procede para quien desde origen es considerado como «victimario».
A esto es lo que se enfrentará la sociedad jalisciense, ya que de aprobarse en el Congreso local una iniciativa recientemente presentada en comisiones, el estado de Derecho de las personas se verá violentado, al pasar por alto aspectos jurídicos previamente establecidos en el marco legal y los Derechos Humanos de aquellas personas involucradas en conflictos familiares; ya que no solamente empoderaría a las mujeres (aún más) sino que ni los hijos y mucho menos la pareja (varón) serían tomados en cuenta, simplemente sería -por su naturaleza el hombre se convertirá en un «victimario»- contra la mujer que por su naturaleza es considerada «víctima».
«Fue el año pasado (2021) el 3 de marzo, que la Diputada morenista, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, publica en la gaceta parlamentaria la propuesta de Ley de Violencia Vicaria, para añadir y modificar artículos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde están manifestando que una madre siempre será una víctima y al padre, ya no lo llaman padre solamente agresor, las penas que están contemplando, en caso de comprobarse de que el padre es quien comete una agresión – ya contemplada en el criterio- es la pérdida de la patria potestad sin opción a recuperarla entre otras punitivas del código penal», aseguró Fuentes Montpellier.
De aprobarse esta Ley Vicaria, no solamente vendrá a vulnerar los derechos humanos, fomentar la desintegración familiar, victimizar a los hijos dentro de un caso señalado; sino que además, «romperá los principios rectores de justicia que tenemos en México y principios como el de inocencia, de publicidad, el de interés de los derechos de la infancia, el derecho superior de la niñez, ya que en nuestra Constitución marca en el artículo cuarto que ante la Ley el hombre y la mujer son iguales; con esta propuesta que viene a romper y crear un retroceso a los derechos humanos, es una propuesta sexista que viene a dividir a hombres y mujeres en la sociedad y etiquetarlos como hombres (malos) y mujeres (buenas) contrariamente a la naturaleza, ya que no son ni todos los hombres son agresores ni todas las mujeres son víctimas» advirtió la Presidente del Consejo Interamericano de los Derechos de la Familia.
De acuerdo a cifras del INEGI, los índices de divorcios, separación o rupturas, se han incrementado un 30 por ciento, es decir que de los nuevos matrimonios, uno de cada tres está en riesgo de fracasar y han sido manejados como casos de violencia. Hasta el momento son seis las entidades federativas que han aprobado (en copy page) la llamada, Ley Vicaria; Puebla, Yucatán, Baja California, Hidalgo, Estado de México y Zacatecas.