UNA LEY PARA DESTRUIR EL MODELO TRADICIONAL DE FAMILIA, LA LEY VICARIA

Con origen en España, sin identidad jurídica y manipulada por agrupaciones representantes de minorías, pasó a países latinoamericanos como Argentina, en donde fue permeando a través de mecanismos legaloídes hasta formar parte de los articulados de leyes y códigos civiles y penales para inventar poco a poco un termino pseudo jurídico, actualmente vinculado a aspectos de violencia familiar, a pesar de no estar tipificada en España.

A decir de la Presidente del Consejo Interamericano de los Derechos de la Familia y  la Organización Civil Primero Infancia Internacional, Psic. Jazmín Fuentes Montpellier, lejos de pretender la justicia y la unidad familiar, se trata de una Ley cuyos antecedentes en España ha dejado al 70 por ciento de varones señalados en algún tipo de problema con su pareja, en una situación de vulnerabilidad y «sin techo» o en estado de indigencia, desamparados ya que la defensa simplemente no procede para quien desde origen es considerado como «victimario».

A esto es lo que se enfrentará la sociedad jalisciense, ya que de aprobarse en el Congreso local una iniciativa recientemente presentada en comisiones, el estado de Derecho de las personas se verá violentado, al pasar por alto aspectos jurídicos previamente establecidos en el marco legal y los Derechos Humanos de aquellas personas involucradas en conflictos familiares; ya que no solamente empoderaría a las mujeres (aún más) sino que ni los hijos y mucho menos la pareja (varón) serían tomados en cuenta, simplemente sería -por su naturaleza el hombre se convertirá en un «victimario»- contra la mujer que por su naturaleza es considerada «víctima».

«Fue el año pasado (2021) el 3 de marzo, que la Diputada morenista, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, publica en la gaceta parlamentaria la propuesta de Ley de Violencia Vicaria, para añadir y modificar artículos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde están manifestando que una madre siempre será una víctima y al padre, ya no lo llaman padre solamente agresor, las penas que están contemplando, en caso de comprobarse de que el padre es quien comete una agresión – ya contemplada en el criterio- es la pérdida de la patria potestad sin opción a recuperarla entre otras punitivas del código penal», aseguró Fuentes Montpellier.

De aprobarse esta Ley Vicaria, no solamente vendrá a vulnerar los derechos humanos, fomentar la desintegración familiar, victimizar a los hijos dentro de un caso señalado; sino que además, «romperá los principios rectores de justicia que tenemos en México y principios como el de inocencia, de publicidad, el de interés de los derechos de la infancia, el derecho superior de la niñez, ya que en nuestra Constitución marca en el artículo cuarto que ante la Ley el hombre y la mujer son iguales; con esta propuesta que viene a romper y crear un retroceso a los derechos humanos, es una propuesta sexista que viene a dividir a hombres y mujeres en la sociedad y etiquetarlos como hombres (malos) y mujeres (buenas) contrariamente a la naturaleza, ya que no son ni todos los hombres son agresores ni todas las mujeres son víctimas» advirtió la Presidente del Consejo Interamericano de los Derechos de la Familia.

De acuerdo a cifras del INEGI, los índices de divorcios, separación o rupturas, se han incrementado un 30 por ciento, es decir que de los nuevos matrimonios, uno de cada tres está en riesgo de fracasar y han sido manejados como casos de violencia. Hasta el momento son seis las entidades federativas que han aprobado (en copy page) la llamada, Ley Vicaria; Puebla, Yucatán, Baja California, Hidalgo, Estado de México y Zacatecas.

Por su parte el Investigador en Derechos Humanos y especialista en Juicios Orales por la UNAM,  Dr. Juan Carlos Romero Ávila, puntualizó acerca de la, mal llamada, Ley Vicaria; «están distorsionando conceptos al englobar una serie de delitos ya existentes y tipificados, pretenden englobar en una sola, la violencia física, la psicológica, la económica, la patrimonial, pero desafortunadamente sucede que aquí, se está llevando a las entidades federativas y presentándose como un tipo de violencia que engloba todas las anteriores presuntamente cometidos exclusivamente por el hombre contra la mujer, desde el año 2011 se ha estado hablando en demasía de la perspectiva de género, pero lamentablemente se ha confundido este concepto, la mayoría de personas incluyendo a las juzgadoras, cuando escuchan el término (perspectiva de género), lo enfocan como si fuera un tema en donde las autoridades, sobre todo  en la procuración de justicia, tienen que ponerse las gafas enfocadas a la protección de la mujer».

Según el investigador, existen antecedentes que prenden «focos rojos» en la aplicación de esta Ley en entidades como el Estado de México, en donde hasta la falsedad de declaración realizada por la presunta víctima, es a su favor; que decir de las consecuencias derivadas de una decisión de esta, es decir, hasta el justificar cualquier auto agresión sería suficiente el señalar que es derivado del conflicto con el -presunto agresor-; lo cual resulta preocupante, ya que estadísticamente está comprobado que quienes recurren a la denuncia con hechos falsos son las mujeres en contra de sus parejas, para alejarlos de la convivencia con sus hijos.

Las consecuencias que traerá consigo la aplicación de esta Ley, se advierte que serán lacerantes e irreversibles, «la mujer que acuda a la fiscalía o se diga víctima de violencia, inmediatamente será canalizada a evaluación psicológica, pero no hay personal capacitado para ello; e influirá el influyentismo, el tráfico de influencias y la corrupción».

Es en estos casos que, para «agilizar» o resolver a favor de alguna de las partes, los abogados llegan a coaccionar con cobros exorbitantes de hasta 80 mil pesos, a cada parte involucrada; «una vez que sea judicializada una carpeta de investigación, el varón etiquetado como agresor enfrentará graves consecuencias al momento de que la sentencia lo señale como culpable, de entrada perderá la patria potestad, misma que no podrá recuperar; al igual perderá el derecho de visitas y convivencias, el derecho sucesorio, afectando directamente a los niños y las niñas.

Y es que uno de los instrumentos internacionales que protege los derechos de los menores es la convención sobre los derechos del niño, que establece que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a preservar su identidad y dentro de esto se encuentra el preservar sus relaciones familiares, tanto con su progenitor no custodio, como con la familia ampliada y con este tipo de violencia se afecta el derecho humano de que en lo futuro ese niño o niña pueda convivir con su progenitor vulnerándolo, afectándole en su desarrollo psicoemocional, físico, ya que enfrentará afectaciones psicológicas, será un niño o niña con problemas de aceptación, de depresión, de angustia, de aislamiento y en el peor de los casos hasta el suicidio», explicó el investigador.

Desarraigo familiar, retroceso social, vulneración del derecho superior de los infantes y el dejar en estado de mayor indefensión a los niños cuando la familia se separa, cuando al padre se le evita la protección de su familia, es el menor quien queda mayormente vulnerado; es potencialmente captable por la delincuencia o por grupos criminales, grupos pederastas o pedófilos, y es que al carecer del cuidado de los padres, ese papel, en el mejor de los casos, lo ostenta un familiar, o quedan encargados con los vecinos o con el novio en turno.

De visita por Guadalajara, los representantes del Consejo Interamericano de los Derechos de la Familia, se entrevistaron con los legisladores en el Congreso del Estado de Jalisco, de las diferentes fracciones con el objetivo de que sea analizada a fondo la iniciativa que se está trabajando en comisiones, antes de que sea presentada en el pleno y se den cuenta de lo peligrosa que resultará en la aplicación.

Existe el ejemplo del fracaso de esta Ley en España, donde ya se contempla la posibilidad de derogarla; lamentablemente lo que existe detrás, a decir de los investigadores, son otros intereses obscuros que buscar destruir el modelo tradicional de familia en México.