EL CURVA AGARRADO EN CURVA
“Salvando vidas” es el membrete de una campaña justificada por las autoridades para realizar violaciones a los derechos humanos de las personas que caen en los operativos alcoholimétricos.
Hasta aquí todo parece legal, el conductor al dar positivo en el alcoholímetro que (quién sabe cada cuando se calibra), pero funciona a criterio del elemento uniformado (autoridad vial).
Haciendo una analogía, los “lobos con piel de oveja” o “toritas”, se acercan amablemente a sus víctimas, situación que cambia conforme los roles se polarizan.
Una vez llevado el acto de molestia (violatorio de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), el infractor –al dar positivo- queda en total vulnerabilidad y el trato que hasta el momento le otorgan los representantes de la autoridad, pasa de afable a represor.
En este momento aparecen las esposas inmovilizadoras, son fichados, subidos a las patrullas, les toman huellas dactilares y hasta el léxico cambia; dándole un trato similar al de un asesino o delincuente peligroso, pero con la diferencia de que a esos personajes se les debe requerir una orden de aprehensión por parte de un juez.
Lo que no sucede para quien cometió una falta administrativa.
Paso siguiente, la burocracia y el trato denigrante continúa en las instalaciones del Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), los elementos evitan todo tipo de interacción al máximo, es decir, la aplicación de violencia psicológica, sin que tengan la noción del tiempo, incomunicados y hambreados.
Dentro de la celda, un baño común expuesto a la comunidad, sin privacidad, -al clásico estilo carcelario- para ser usado por los, ya no ciudadanos infortunados sino “borrachales”, quienes tienen que solicitar a las personas encargadas (celadoras) un poco de papel sanitario cada que lo requieran.
Prohibición para sentarse o utilizar la banca corrida para dormitar, son obligados a pasar la noche en el suelo –una medida muy humanitaria-.
Para cumplimentar estas aberraciones, las porciones de comida que se les otorga a los “retenidos”, no detenidos –que no es lo mismo, según las definiciones jurídicas-, son poco menos que indignas, un cuernito de pan y un poco de agua para la cena y el desayuno, y en el mejor de los casos dos sándwiches magros y más agua.
Doce, 24 o más horas de castigo o las multas correspondientes que van desde los 12 mil pesos en adelante –dinero que quién sabe a dónde queda, porque en la alimentación no-.
La tortura psicológica que aplican los elementos de este lugar, es sistemática, indolente y perversa; mientras los retenidos pasan hambre, incomodidad y los efectos propiciados por la resaca, estas personas, encargan sus platillos suculentos y llenan de olores apetitosos los separos, aunado a qué sin el menor interés por crear conciencia de la infracción cometida que ayude a reivindicarse con la sociedad, son reprimidos con amenazas de repetir la misma falta nuevamente.
Los desafortunados que llegan a esta cárcel disfrazada, son amedrentados de la manera más indigna, aquí la que priva es la prepotencia y autoritarismo, aquí no importa una valoración física ni psicológica, todo es simulado.
Aquí no existe el concepto “Derecho Humano”, porque esto se resuelve bajo un criterio monetizable, en donde se conjuntan diversos conceptos emocionales; resentimientos, arrogancia, culpabilidad, prepotencia y recaudación.
Ante esta peculiar mezcla, el infractor enfrenta mucho más que la cruda moral o física, se enfrenta a la ausencia de sus propios derechos, acompañada de la total inexistencia de instituciones especializadas; aquí no hay observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, menos alguien que supervise los tratos insensibles de las autoridades.
