LA AUSENCIA DEL DERECHO Y DEL CIVISMO

Por: Dr. Luis Octavio Cotero Bernal*

Estos primeros quince días del año han evidenciado la pobreza republicana de nuestro país y me atrevo a afirmarlo con toda certeza, ante la presencia de una señora que, hasta el momento en que, escribía estas líneas, todavía ocupa el cargo de ministra en el máximo tribunal de este país. Una posición que, dicho sea de paso, debería ser para cualquier profesional del derecho, lo más sublime a lo que, cualquiera puede aspirar en el trayecto de su vida profesional y que, desde luego resultará, porque, además de reunir los requisitos que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un individuo con el más amplio sentido de honestidad, de transparencia, de honorabilidad, de conocimiento, de legalidad, pero sin dejar de lado la calidad moral y una trayectoria impecable.

Conforme transcurre el tiempo y vamos viviendo, la manera en que, va transcurriendo nuestra vida, debería estar revestida de un amplio sentido de justicia, atributo exclusivo de los dioses, pero en el desarrollo de la humanidad, en un escenario terrenal, nos han otorgado, a fin de juzgar a nuestros semejantes a una señora que, recibió el nombramiento de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del presidente de la república, nombramiento que, fue aprobado por el senado, pero de quien recientemente, la instancia académica que, le otorgó el grado académico de licenciada en derecho (o abogado), ha resuelto que, su trabajo académico de tesis es una copia simple de diversa tesis, sustentada con un año de anterioridad a la presentada por la aún ministra, afirmación que, hizo pública la Universidad Nacional Autónoma de México, después de agotar la investigación respectiva.

Desafortunadamente las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, casa de estudios a la que, le correspondió la expedición del título que, acredita a la ministra como licenciada en derecho (o abogado), no obstante que, fueron informadas de que, efectivamente la tesis presentada por la ministra es resultado de plagio, no han procedido a solicitar la cancelación de dicho título.

Debemos recordar que, la Secretaría de Educación Pública, una vez que verifica la información académica de cada profesional, expide la cédula profesional; sin embargo, ante tal estado de las cosas, dicha secretaría, debe cancelar la cédula profesional, tanto de la licenciatura como de los diversos grados superiores que, la ministra tuviera expedidos, dado que, para que éstos tengan validez, se requiere previamente el título profesional de nivel licenciatura.

El caso de la tesis que, pone en el ojo del huracán a la aún ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deja en evidencia la ausencia de derecho en nuestro país, así como el civismo de quienes representan a las instituciones públicas, no sólo al tratarse de la suprema corte, sino también de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque para este momento debería de haber sido ya cancelada la cédula profesional de la ministra y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desconocer el nombramiento de ministra que, actualmente ejerce, al no cumplir con los requisitos que, establece la Constitución Federal.

El tema que, abordo en la presente columna, también sirve para evidenciarnos en un contexto internacional, un país en el que, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plagió tesis diversa para lograr obtener su título profesional, imperando ante tal proceder, la ausencia total de derecho y una corrupción desbordada al interior del máximo tribunal de justicia.

Es el momento de levantar la cabeza, de sacar la casta, el valor y exigir al titular del ejecutivo federal que, cumpla con su promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que, de ella emanen, pues hasta el día de hoy sigue sin hacerlo, de tal suerte que, se ha atrevido a ir más allá de lo que, la ley le confiere en el desempeño de su cargo, pues es innegable la manipulación que ejerce en el poder judicial y en el legislativo.

En Jalisco nuestra realidad no es diferente, pues tenemos un servidor público integrante de una sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien, no cuenta con el nombramiento de magistrado, sino que, únicamente con la autorización del pleno de ese poder sin que, tenga facultad para ejercer el cargo que, ocupa, atendiendo a que, los nombramientos de magistrados es una facultad exclusiva del congreso del estado, poder que, también se ve rebasado ahora por los poderes ejecutivo y judicial, cometiendo con tales actos los delitos de abuso de autoridad, sancionado por la legislación penal estatal vigente. Qué bueno sería que, el Fiscal Anticorrupción de nuestro estado hiciera algo positivo, pues durante toda esta administración, solamente ha perseguido a estudiantes y a ciudadanos, derivado solamente de las manipulaciones políticas.

* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.

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