LA INCERTIDUMBRE SOCIAL
Por: Dr. Luis Octavio Cotero Bernal*/ TEN/ Opinión
Es por demás grave la incertidumbre que vive la sociedad jalisciense ante la opacidad en el manejo del erario público por parte de los tres poderes del Estado. En particular, resulta preocupante que tanto la Auditoría Superior como la Auditoría del Estado no exhiban de manera clara y oportuna los resultados, ni informen con certeza el cómo, cuándo y quiénes realizan las auditorías —especialmente las contables— a los tres poderes. Existe además una situación sumamente grave y de alto costo social, que afecta de manera directa al patrimonio de los empleados del Estado. No solo se desconoce el estado real de las cuentas públicas con la debida claridad, sino que se está violando de forma sistemática un derecho humano de los trabajadores de los tres poderes, particularmente de aquellos que laboran bajo una constante incertidumbre laboral mensual.
Esta violación persiste a pesar de que ya existen precedentes en la justicia federal donde se ha declarado inconstitucional la disposición de la Ley de Servidores Públicos al Servicio del Estado y sus Municipios que exige una permanencia de seis años y seis meses para obtener la base. Dicha inconstitucionalidad y el carácter indebido de esta disposición ya han sido señalados anteriormente por este medio. Sin embargo, con una actitud dolosa y de mala fe —que no puede calificarse de otra manera—, los titulares de los tres poderes han continuado, durante años y hasta la fecha, lacerando a los trabajadores. Mes con mes se le somete a una forma de extorsión, obligándolos a suscribir y aceptar contratos tan inmorales como ilegales. Lo más infame de esta práctica es que dichos contratos, ya sean mensuales o en ocasiones trimestrales, impiden incluso la acumulación del tiempo necesario para alcanzar algún día la base a la que legítimamente todo empleado tiene derecho. A ello se suma la actuación de los llamados sindicatos “charros”, que no son más que instrumentos de pseudo líderes que dicen representar a sus afiliados, pero que en realidad utilizan esas organizaciones para su beneficio personal y familiar, colocando a parejas, hijos y amigos, a cambio de tolerar y consentir los agravios que deberían combatir y proteger cabalmente. Ahora bien, a esta conducta ilegal e inmoral por parte de los responsables de la administración pública de cada poder, debe añadirse otro aspecto igualmente preocupante: a estos trabajadores, contratados bajo esquemas ilegales, sí se les aplican las retenciones previstas en la ley, entre ellas las correspondientes a Pensiones del Estado. Este manejo de los nombramientos genera un temor fundado de que no todas las retenciones sean realmente enteradas a la institución correspondiente, pues el empleado no tiene el mínimo acceso a dicha información.
Las auditorías jamás han informado con claridad sobre la correcta retención y aportación de las cantidades descontadas a estos trabajadores. A ello se suma el chantaje constante de la no renovación de contratos, así como la negativa injustificada de otorgarles al menos el incremento salarial inflacionario anual. Derechos que, nuevamente, son objeto de negociación y comercio por parte de los
líderes sindicales ante los titulares de las dependencias. Por su parte, el fiscal anticorrupción saliente jamás intentó la más mínima acción en beneficio del derecho humano vulnerado de esta clase trabajadora. Se espera que el nuevo titular, quien entrará en funciones el próximo mes y presume ser un hombre de leyes e independencia, demuestre con hechos lo que tanto ha pregonado, pese a los señalamientos debidamente justificados de una legisladora que dignamente se opuso a su nombramiento.
Es momento de que, como sociedad, dejemos a un lado la apatía, la cobardía, la indolencia, la inmoralidad y la tolerancia injustificada. Es tiempo de exigir que el derecho se cumpla y que los servidores públicos encargados de hacer respetar el Estado de derecho realmente lo hagan. Todos los ciudadanos debemos unirnos en esta lucha para restablecer la República, el Estado y el Municipio dentro del marco constitucional. En especial, nosotros los abogados debemos cumplir, además, con nuestro deber legal y con la responsabilidad moral y profesional que nos corresponde.
*Director del Observatorio académico de justicia y seguridad pública de la división de estudios jurídicos de la Universidad de Guadalajara y miembro del cuerpo académico UDG-CA-611 integrado entre otros por la Dra. Angélica Jesús Ceceña Altamirano, Dr. Alfonso Partida Caballero, Dra. Alicia Livier Estrada Gutiérrez con línea de investigación Paradigmas de la Justicia en México.
