EMPÁTICA CON EL TURISMO VERÓNICA DELGADILLO PISOTEA DERECHOS DE LOS TAPATÍOS
Por: Redacción/ TEN/ Política
Bajo la consigna oficial de “guardar las apariencias”, mantener una imagen «limpia» y hospitalaria para el turismo extranjero, la Dirección de Movilidad Municipal de Guadalajara ha desatado una cacería de multas que atropella los derechos de los ciudadanos en general y particularmente, sectores más vulnerables de la población.
En las calles aledañas al primer cuadro del Centro Histórico, los inspectores de movilidad municipal (asaltantes uniformados) han convertido el abuso de autoridad y la prepotencia en su modus operandi cotidiano, ignorando por completo los distintivos oficiales que garantizan el derecho de estacionamiento a personas de la tercera edad y con capacidades diferentes.
La obsesión del gobierno tapatío por colgarle a la capital jalisciense, el cartel de «ciudad amigable» ante los ojos del mundo ha terminado por desplazar y castigar a sus propios ciudadanos. Cotidianamente, los abusivos uniformados recorren la zona ignorando las señalizaciones universales de accesibilidad y dejando folios de infracción sobre los parabrisas de vehículos que cuentan con toda la documentación en regla, transformando un derecho de inclusión en una costosa pesadilla administrativa.
Un caso que evidencia esta voracidad recaudatoria y la falta de criterio que muestran estos abusivos servidores públicos, es el experimentado por una ciudadana que ha desempeñado sus actividades laborales en el corazón de la ciudad durante años, razón por la cual, consciente de ser una persona de la tercera edad, tiene un distintivo que hasta el día de hoy ya no respetan los inspectores. Pese a que su automóvil exhibe de manera clara y legal el distintivo de grupo prioritario, en tan solo la última semana fue víctima del acoso institucional en dos ocasiones.
Ni el intentar dialogar con los oficiales es posible, la respuesta fue el silencio burocrático y la intimidación, bajo el argumento implícito de que la prioridad actual es liberar espacio público a cualquier costo.
Esta política de “limpieza social” no solo contradice los discursos de inclusión que el municipio tapatío presume en sus campañas de relaciones públicas, sino que evidencia una alarmante falta de capacitación y sensibilidad humana por parte del cuerpo de inspectores, quienes simplemente externan que reciben órdenes superiores.
Mientras las autoridades locales se esmeran en ofrecer su mejor rostro y hospitalidad a los visitantes internacionales, a los habitantes locales en situación de vulnerabilidad se les despoja de sus garantías básicas de movilidad, convirtiendo al Centro Histórico en un terreno hostil para quienes más necesitan de la protección del Estado.
