EN JALISCO, TIENEN MÁS PESO LAS LÁGRIMAS DE COCODRILO QUE LAS CUSTODIAS PATERNAS
Por: Redacción/ TEN/ Política
En el estado de Jalisco, el sistema de justicia y las instituciones de protección familiar enfrentan duras críticas por incurrir en la criminalización sistemática de padres de familia y el presunto desacato de resoluciones judiciales que otorgan custodias paternas, vulnerando con ello el interés superior de la niñez.
Integrantes del colectivo “Soy Papá No Criminal” alzaron la voz para denunciar que, a pesar de contar con peritajes y sentencias definitivas a su favor, las dependencias gubernamentales operan con una marcada asimetría de género que favorece a las madres mediante el uso de denuncias falsas sin sustento probatorio, las cuales persiguen fines primordialmente económicos o de revanchismo procesal.
La organización advierte que el marco legal actual de violencia vicaria desprotege de forma inequitativa a los varones al no contemplar una figura penal equivalente, exigiendo de manera urgente procesos judiciales justos, equidad sustantiva y el cese inmediato a la persecución de padres que buscan el cuidado legítimo de sus hijos.
La cara más alarmante de esta problemática institucional quedó evidenciada a través del testimonio de Marcelo Romo, hijo afectado en un proceso de disputa legal, quien relató las graves violaciones a sus derechos humanos y la violencia física y psicológica experimentada durante los operativos de restitución forzada promovidos por su madre.
El joven detalló cómo, pese a manifestar reiteradamente su rechazo a ser trasladado debido a los antecedentes de maltrato con su progenitora, fue llevado por la fuerza junto a su hermano en un despliegue donde le lesionaron la pierna y las autoridades estuvieron cerca de derribar el acceso a su vivienda.
Romo expuso que tanto el personal de Ciudad Niñez como los agentes fiscales ignoraron activamente las peticiones de auxilio de su hermano menor y obstruyeron cualquier intento de apoyo, para posteriormente recluirlos durante tres días en el Centro de Justicia de la Mujer bajo privación de alimentos hasta obligarlos a cooperar.
El afectado describió su estadía de tres meses con su madre como un periodo de constante aislamiento, incomunicación y amenazas directas contra la integridad de su padre si no acataba las imposiciones de la agresora, situación que culminó en una fuga que calificó como un acto liberador frente al acoso institucionalizado.
Por su parte, Rodolfo Ruiz, apoderado legal de la familia Romo, calificó de inaceptable y sumamente grave que en una entidad que padece una severa crisis de desapariciones, se desvíen recursos prioritarios y se instrumentalice de forma perversa a la Comisión de Búsqueda y a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas para ejecutar sustracciones forzadas de menores en contra de su voluntad.
El litigante enfatizó la urgencia de que las autoridades cumplan estrictamente con las resoluciones que otorgan las custodias a los padres, haciendo hincapié en que el caso Romo —referente a un menor de 15 años— se suma a trágicos antecedentes de negligencia institucional en el país, como el fallecimiento del niño Vicente tras ser abandonado por su madre en Mexicali, o los hechos ocurridos en Jalisco bajo el caso de Mireya, donde una asignación forzada de custodia materna derivó en agresiones físicas y la posterior desatención de la madre hacia el menor.
Finalmente, el activista Cristian Montenegro expuso de manera crítica el sesgo punitivo del sistema, señalando que basta una sola acusación sin pruebas de una mujer para involucrar a un hombre en procesos penales que resultan financieramente devastadores y que destruyen los vínculos familiares. Montenegro denunció que las instituciones públicas de Jalisco se han prestado activamente para que el movimiento vicario sea utilizado como una herramienta de extorsión económica, sin importar que en el camino se atropellen los derechos humanos de los hijos. Asimismo, el activista recordó la implementación de estrategias de legítima defensa jurídica ante el colapso judicial —como el cambio de identidad de género legal al de mujer, planteado hace años en la entidad— advirtiendo que la actual desprotección de los varones ha obligado a buscar vías alternativas para forzar al Estado a juzgar bajo una perspectiva de equidad que evite el uso instrumental de la justicia familiar con fines meramente patrimoniales.
