TRATO DIFERENCIADO PARA HABITANTES Y VISITANTES EN EL MUNDÍAL
Por: Redacción/ TEN/ Política
El diputado independiente Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, en conjunto con el Consejo de Conductores de Jalisco, emite un enérgico pronunciamiento frente a la sistemática desatención y el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno del Estado, la Secretaría de Transporte y la Secretaría General de Gobierno.
«El Congreso del Estado será vigilante de que se respete la garantía constitucional de manifestación. No permitiremos que la política ‘al estilo Jalisco’ sea sinónimo de opacidad y represión contra quienes solo buscan llevar el sustento a sus hogares bajo un marco de legalidad.» Afirmó Puerto Covarrubias.
El objetivo innegociable de este movimiento es alcanzar la dignidad, seguridad y el reconocimiento legal del autoempleo como una modalidad de transporte eficiente y necesaria. El Consejo de Conductores de Jalisco advierte que, de persistir la soberbia gubernamental y la falta de soluciones de fondo, se contemplan paros laborales y movilizaciones durante los eventos internacionales del Mundial.
La actual administración ha priorizado la simulación y la imagen internacional por encima de la legalidad y la dignidad laboral de miles de familias que dependen del transporte por aplicación.
A decir del representante de los conductores, Cesar Castillo, se denuncia una falta total de diálogo genuino y transparencia. El Ejecutivo Estatal ha ignorado múltiples oficios y propuestas técnicas presentadas desde octubre de 2025 para regularizar el servicio en zonas federales.
En su lugar, el Gobierno ha respondido con mesas de trabajo simuladas y condicionadas, así como con amenazas de represalias judiciales —mencionadas por el secretario Salvador Zamora— para evitar manifestaciones durante el Mundial de Fútbol.
Asimismo, se señala la construcción de un estacionamiento alterno para plataformas que carece de licitación pública y de una partida presupuestaria autorizada en el ejercicio 2026, representando un gasto opaco que ya asciende a los 30 millones de pesos.
Esta inconformidad se agrava tras las declaraciones del gobernador Pablo Lemus el pasado 6 de mayo, donde cerró la posibilidad de que los conductores recojan pasaje en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, contraviniendo el derecho a la movilidad y al trabajo. La problemática se concentra en los puntos de conectividad vital de Jalisco, a escasos días de que la entidad reciba a más de 3 millones de turistas por la justa mundialista.
La autoridad estatal ha diseñado mecanismos de exclusión al convocar únicamente a mesas con las empresas Uber e InDrive, exigiendo como requisito para participar tener una «cuenta activa».
Esta medida es discriminatoria y conveniente para las empresas, ya que silencia a los líderes gremiales y representantes del Consejo de Conductores que han encabezado las exigencias de mejora.
Mientras tanto, el Gobierno estatal evade su responsabilidad de otorgar el reconocimiento como «choferes regulados», requisito indispensable para tramitar los permisos federales ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), según el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El gremio rechaza ser tratado como un elemento de «limpieza estética» para el Mundial. La molestia radica en que el Gobierno prefiere «barrer por donde mira la suegra», enfocándose en obras de relumbrón y redes sociales, mientras ignora la inseguridad, la falta de tarifas justas y la ilegalidad de las multas de hasta 60,000 pesos que sufren los conductores.
No se puede hablar de un «Jalisco moderno» cuando se reprime el derecho a la libre manifestación y se gestiona el dinero público como si fuera patrimonio privado.
