La tragedia del campo

Por: Dr. Luis Octavio cotero Bernal*/ TEN/ Opinión

Son verdaderamente graves las circunstancias por las que atraviesa el sector agrario de este país.

No es cosa menor que los hombres del campo tengan que padecer al ingeniero Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria.

El día 5 del mes en curso, lo escuché en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades dar contestación a unos auténticos hombres del campo que le plantearon su problemática, a los que en respuesta solamente les dio justificaciones de por qué no atendían, entre otras instituciones, la Procuraduría Agraria Nacional —cuya propia denominación entraña atender y resolver la problemática por la que transita uno de los sectores productivos más importantes de este país—.

Al dar respuesta a sus demandas, solamente se apuró a justificar cada una de ellas, al grado tal de confesar la comisión de un delito como es manipular las asambleas ejidales o comunales para impedir acuerdos de dominio pleno cuando fueran requeridos por algún ejidatario o comunero.

Con ello incurre en un abuso de las atribuciones que le otorga la ley, a sabiendas de que los artículos 120 y 121 del Código Penal Federal sancionan puntualmente el uso abusivo de atribuciones de todo servidor público de la Federación.

Las asambleas son entes legales dotados de autoridad para decidir los derechos de esas organizaciones y no del titular de la Secretaría Agraria y, por ende, mucho menos de un funcionario de la Procuraduría Agraria, institución creada para proteger los derechos, apoyos y beneficios necesarios para fortalecer la producción.

Esos hombres hacen posible la subsistencia del pueblo con una labor históricamente sacrificada y desatendida por el Gobierno federal, el cual le da prioridad a otros factores de la economía antes que atender las demandas justas que reclama legítimamente este sector social, tan prioritario como la salud de todos los mexicanos.

Si por la profesión que ostenta de ingeniero agrónomo se pudiera pensar que no tiene la obligación de garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos —que no son otra cosa que el ejercicio de esa actividad por demás noble y legítima—, cabe recordar lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° en particular el párrafo tercero del mismo. Por lo tanto, ante tal proceder —que obedece evidentemente a sus intereses partidistas, apartado totalmente de una función de tan alta y grande responsabilidad que traiciona a la Patria con semejante desempeño infame—, si tuviera un mínimo de inteligencia y honestidad, debería dejar el cargo y cederlo a un profesional del derecho que cumpla con la ley y haga un fiel y legal desempeño del cargo que se le ha encomendado.

*Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. [email protected]