En un capítulo más del caso San Rafael, en el oriente de Guadalajara; en dónde los habitantes han quedado “privados de su libertad”, enrejados, con celadores a las puertas de los domicilios, exigiéndole a propios y extraños, se identifiquen con su credencial de elector para poder acceder a los mismos.
Cual se tratara de un ghetto “nazi” en pleno siglo XXI, la represión oficial del ejecutivo estatal, ha llegado a niveles de lesa humanidad, totalmente irracional y autoritaria; lamentablemente ni los procedimientos jurídicos que los tribunales federales han emitido, ni las “buenas intenciones” que desde el congreso local, han realizado –recientemente- las diputadas, para exhortar a la cordura de Enrique Alfaro, y la visible debilidad timorata de la llamada oposición política, parece dejar a su suerte a las agrupaciones vecinales que entre ellas, tratan de “echarse la mano” para, al igual que en otros casos similares, cierran filas para lograr un poco de resistencia, como en Huentitán.
Jalisco se ha convertido en una “Tierra sin Ley”, un paraíso de la anarquía, en dónde los principales delincuentes son quienes se ostentan al margen de la ley como representantes de las mismas, pero al servicio de los intereses privados y no de los ciudadanos que son quienes, en verdad, pagan sus sueldos.
Desde el año 2017 en que comenzaron las irregularidades, las autoridades han actuado como un verdadero cártel inmobiliario, es decir, delincuencia bien organizada, favoreciendo al grupo San Carlos y su desarrollo de alta densidad, llamado Gran San Rafael, pasando por alto los derechos de los miles de vecinos que han vivido por décadas en la zona y que ahora padecen la ignominia, insensibilidad, arrogancia, indiferencia y autoritarismo de los gobiernos “naranjas”, los que se definen como un partido ciudadano.
La realidad es que, ni las buenas intenciones que recientemente hicieron en el congreso del estado, un pequeño grupo de legisladores, al presentar un exhorto y que fue aprobado con 24 votos a favor –algunos por error al parecer, los de algunos emecistas- llenaron de esperanza a los vecinos, quienes creyeron que a su lucha, llegaría algo de congruencia legal; algo que duró poco –menos que un suspiro- pues del jueves anterior, en que se presentó, al lunes en que los encerraron, los trabajos dentro del polígono de San Rafael, no dejaron de realizarse.
Por: Redacción/ TEN/ Medio Ambiente
Desde el año 2017 en que comenzaron las irregularidades, las autoridades han actuado como un verdadero cártel inmobiliario, es decir, delincuencia bien organizada, favoreciendo al grupo San Carlos y su desarrollo de alta densidad, llamado Gran San Rafael, pasando por alto los derechos de los miles de vecinos que han vivido por décadas en la zona y que ahora padecen la ignominia, insensibilidad, arrogancia, indiferencia y autoritarismo de los gobiernos “naranjas”, los que se definen como un partido ciudadano.
