EN EL CASO SAN RAFAEL DE GUADALAJARA DEBE INTERVENIR LA CNDH
Por: Redacción/ TEN/ Medio Ambiente
En un capítulo más del caso San Rafael, en el oriente de Guadalajara; en dónde los habitantes han quedado “privados de su libertad”, enrejados, con celadores a las puertas de los domicilios, exigiéndole a propios y extraños, se identifiquen con su credencial de elector para poder acceder a los mismos.
Cual se tratara de un ghetto “nazi” en pleno siglo XXI, la represión oficial del ejecutivo estatal, ha llegado a niveles de lesa humanidad, totalmente irracional y autoritaria; lamentablemente ni los procedimientos jurídicos que los tribunales federales han emitido, ni las “buenas intenciones” que desde el congreso local, han realizado –recientemente- las diputadas, para exhortar a la cordura de Enrique Alfaro, y la visible debilidad timorata de la llamada oposición política, parece dejar a su suerte a las agrupaciones vecinales que entre ellas, tratan de “echarse la mano” para, al igual que en otros casos similares, cierran filas para lograr un poco de resistencia, como en Huentitán.
Jalisco se ha convertido en una “Tierra sin Ley”, un paraíso de la anarquía, en dónde los principales delincuentes son quienes se ostentan al margen de la ley como representantes de las mismas, pero al servicio de los intereses privados y no de los ciudadanos que son quienes, en verdad, pagan sus sueldos.
Desde el año 2017 en que comenzaron las irregularidades, las autoridades han actuado como un verdadero cártel inmobiliario, es decir, delincuencia bien organizada, favoreciendo al grupo San Carlos y su desarrollo de alta densidad, llamado Gran San Rafael, pasando por alto los derechos de los miles de vecinos que han vivido por décadas en la zona y que ahora padecen la ignominia, insensibilidad, arrogancia, indiferencia y autoritarismo de los gobiernos “naranjas”, los que se definen como un partido ciudadano.
La realidad es que, ni las buenas intenciones que recientemente hicieron en el congreso del estado, un pequeño grupo de legisladores, al presentar un exhorto y que fue aprobado con 24 votos a favor –algunos por error al parecer, los de algunos emecistas- llenaron de esperanza a los vecinos, quienes creyeron que a su lucha, llegaría algo de congruencia legal; algo que duró poco –menos que un suspiro- pues del jueves anterior, en que se presentó, al lunes en que los encerraron, los trabajos dentro del polígono de San Rafael, no dejaron de realizarse.
Este martes 16 de mayo, las diputadas Susana De la Rosa Hernández del partido Futuro y Mara Nadiezhda Robles Villaseñor del partido Hagamos, y la Regidora de Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa; acudieron con los vecinos de la Colonia, para conocer de viva voz la problemática que los colonos de este lugar están padeciendo por el reciente operativo que la Policía Estatal realizó el día de ayer en la Calle Mariano Azuela, en la colonia San Rafael, en las inmediaciones del Parque San Rafael.
El conflicto que se vive entre vecinos y autoridades se deriva de las obras que el SIAPA está realizando en el lugar para instalar un colector pluvial en este parque, pese a los ordenamientos de suspensión emitidos por autoridades federales; los habitantes de esta calle se quejan de que les han cerrado la vialidad y están utilizando maquinaria pesada, que aseguran, están afectando la estructura de sus fincas.
En tanto, en redes sociales, sigue creciendo el repudio por los abusos sistemáticos cometidos por el gobernador Enrique Alfaro y el presidente municipal tapatío Pablo Lemus quienes han sido señalados de encabezar y tener conflicto de intereses en este y otros muchos desarrollos inmobiliarios a lo largo y ancho de la zona conurbada y en otras regiones de Jalisco.
Mientras que, desde sus oficinas en calzada del Campesino, la titular del Comité Estatal del PRI, Laura Haro ante los medios de comunicación se pronunciaba en apoyo de los vecinos de San Rafael; una de las propuestas urgentes, que se escuchó, con los vecinos afectados, fue la de una inmediata intervención de una comisión federal que en verdad defienda los derechos humanos.
Ya que, a decir de las víctimas del abuso gubernamental, el organismo estatal de derechos humanos en Jalisco, hace como que interviene, pero no se involucra, y la titular –ombudsperson- en agradecimiento a que el ejecutivo la colocó al frente de la CEDHJ, se mantiene al margen.
La advertencia es que, sin importar las afectaciones ni las personas que allí viven, Alfaro y sus secuaces –incondicionales- continuarán la depredación en la zona, al menos seis semanas; lo que preocupa de más a los vecinos, quienes han visto que las proyecciones de estos trabajos se han excedido en sus tiempos, aún sin obedecer las diversas suspensiones emitidas por los órganos jurídicos.
Finalmente, se acordó entre los asistentes, legisladoras, regidora y agrupaciones ciudadanas, que volverán a tocar las puertas de cada instancia oficial para que los escuchen, mientras esperan que el actual sub secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, volteé hacia Jalisco e intervenga para que regrese el orden a la entidad.
