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“esperamos que no se trate de otra simulación más para acallar la inconformidad generalizada de la sociedad, tendrán que suspender la verificación para demostrar la voluntad de reivindicar su gobierno, en tanto no se compruebe que cambia y se corrige el actual programa que es un fracaso”
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“El nuevo esquema de verificación gratuita propuesto por Lemus tiene muchas lagunas en torno a puntos en donde los propietarios de automotores, jaliscienses o de otras partes de la república serán medidos de igual manera o si al cobro de 900 pesos será para cualquiera o solamente para quienes ellos consideren, entre muchas otras dudas”
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Esta situación, ya está siendo analizada por el equipo de abogados del SideDIF, ya que no solo se trata de una simple anomalía administrativa, sino que podría encajar en la comisión de un delito, como el acoso, la intimidación y hasta el abuso de autoridad.
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El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, decidió iniciar la ampliación del andador denominado «Paseo Alcalde» hacía el Sur de la capital tapatía; sin embargo esto no cayó bien a los usuarios del transporte público que en esta zona ya es demasiado complicado transitar, no solamente por la falta de información al respecto, sin socialización, pero además por la inseguridad que priva en la capital jalisciense. así la visión del periodista Miguel Jimenez en su columna…Y…Qué Pasa?
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Una burla es el incremento otorgado por la parte patronal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF municipal en Guadalajara, ya que la dádiva que el munícipe tapatío otorgó, favorece a su personal de confianza pero no al grueso de los sindicalizados, quienes para llegar a sus áreas de trabajo pagan hasta cuatro camiones, cada uno con costo actual de 9.50 pesos o 10.00 cuando no dan cambio, mientras que el reciente aumento apenas representa 7.00 pesos.
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Los trabajadores del CDC 21 han recibido la instrucción del director, de negar la inscripción de nuevos usuarios de los programas asistenciales y aunque han pedido mayores detalles, los funcionarios del DIF no han querido informar mayor cosa y se empeñan en negar la posibilidad de un cierre definitivo.
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“El delito de coacciones o la coacción, es un delito contra la libertad individual que consiste en utilizar la violencia para impedir a una persona que haga algo que no está prohibido por la ley o para obligarle a hacer algo que no quiere, sea justo o injusto”.
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Regañados por Pablo Lemus y Enrique Ibarra (respectivamente), los sobrevivientes de aquel miércoles 22 de abril del año 1992, cuando el terror apareció por el subsuelo y drenajes de barrios como San Juan de Dios, Analco, la colonia Atlas entre otras, cambiando para siempre sus vidas, y a 30 años de aquel evento, la pérdida de su patrimonio, arrastrando secuelas (algunas visibles) como la amputación de brazos y piernas, otras que degeneraron la calidad de vida de aquellos que sin los tratamientos o la atención oportuna, padecen ceguera, sordera, daños cerebrales o del sistema nervioso, incluso otros que simplemente nunca, de ninguna autoridad en cinco sexenios, recibieron un apoyo; contrariamente a lo que externó el encargado de la Secretaría General de Gobierno.
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Y al margen de la situación general que vive la clase trabajadora con graves impactos en su economía a causa de los incrementos desmedidos y generalizados en los precios, particularmente en servicios y productos indispensables como el gas y la tortilla, en el caso de los trabajadores adheridos a la Fedetjal y al SideDIF hay muchos agravios que deben ser exhibidos y reclamados.
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Desde su llegada a la Contraloría municipal, Cantero Pacheco ha sido cuestionada por su desempeño al verse evidenciada para corregir ciertas irregularidades, ocasionadas por las decisiones del primer edil tapatío, como la renta de patrullas a sobre precio.
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