AMAFIADOS EL AYUNTAMIENTO TAPATÍO Y CONSTRUCTORA AFECTAN A PARTICULAR.
Al igual que se han dado a conocer por habitantes de otras zonas de la capital jalisciense, el actuar sistemático de los gobiernos “naranjas” encabezados por Enrique Alfaro Ramírez en su momento y continuado por el actual presidente municipal Ismael del Toro Castro, DESACATANDO las resoluciones legales en torno a obras de construcción, donde los tribunales han ordenado la suspensión inmediata de la mayoría de los proyectos municipales.
Entre otros muchos casos, el particular ubicado en la colonia Lomas de Providencia, en la calle Otranto 2876 al cruce de la calle Alberta, de esta ciudad; donde la construcción anexa de una torre de siete pisos y 21 departamentos de lujo, se construyó pese a las resoluciones que las autoridades correspondientes dictaminaron a favor del afectado, Sr. Salvador Martín Alba Suárez; quien ante la postura inhumana de las autoridades municipales de Guadalajara y la prepotencia arbitraria de los representantes de la Constructora, ha tenido que recurrir a la defensa jurídica.
Se trata de Sagnes Constructores, S. A. de C. V. con el Folio mercantil número 25620 (Oficina registral en GDL), cuyos socios registrados en su acta constitutiva (gozan de una longevidad envidiable) Nombre de socios: Juan Pedro Gandoulf Lebre, fecha de nacimiento 27/02/1929; Huguette Gandoulf viuda de Gastinel 20/12/1926; Mireille Gandoulf viuda de Gastinel 09/09/1925; Emilio Alfredo Gandoulf Lebre 12/08/1929; rigiéndose bajo un Administrador General Único: Juan Manuel Gandoulf Castellanos con todas las facultades.
Ante las irregularidades propiciadas desde el pasado mes de octubre del 2015, cuando un presunto cambio de uso de suelo, una licencia de construcción municipal otorgada (al parecer) violentando los planes parciales de desarrollo, un elevado influyentismo y contubernio entre funcionarios municipales y los empresarios Gandoulf, es que el afectado se vio en la imperiosa necesidad de recurrir a la defensa jurídica por la gravedad de los daños en perjuicio de su patrimonio, su familia y su salud.
Ya que, la casa habitación ubicada en la calle Otranto número 2876 en la colonia Lomas de Providencia, donde el señor Salvador Martín Alba Suárez y su familia vivían desde el año 1985, dejó de garantizar la tranquilidad y la seguridad de los moradores, debido a la construcción ininterrumpida durante tres años, hasta hace unos días, en que -finalmente- por intervención del Tribunal de lo Administrativo, se ordenó la suspensión total, “He recibido negativas y esto se convirtió en algo imposible de habitar, por lo que me tuve que salir; la casa está valorada como pérdida total. Yo vivo aquí desde 1985, y no me parece justo que tenga que abandonar mi hogar sólo porque algunos quieren hacer negocio”, mencionó el afectado.
Por su parte, Christian Manuel Gudiño, asesor legal de Salvador Martín Alba Suárez, enumeró las causas imputadas; la casa como pérdida total, inhabitable; ya que entre los daños están cuarteaduras, grietas en los pisos, muros y estructuras, las que han propiciado filtraciones del agua de lluvia, por lo que la humedad combinada con el desnivel registrado, hace que el riesgo por reblandecimiento en las cimentaciones, daños que de acuerdo a peritaje podrían superar los 5 millones de pesos, cantidad que nadie quiere cubrir.
El asesor refirió que las pruebas que se presentaron ante este incidente de violación, fue una supervisión de las obras, en donde las fotografías revelan que al 27 de octubre, aún no se tenía existencia del edifico; es decir, continuaba en proyecto de excavación; esta procede y refieren que conlleva a responsabilidad penales, por lo que se presenta una denuncia contra la constructora por los daños y contra los funcionarios del Ayuntamiento: el entonces alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, al actual alcalde, Ismael del Toro Castro y las sindicas Ana Bárbara Casillas y Patricia Guadalupe Ramos.
Actualmente, pese a que dicho edificio cuenta con visibles sellos de suspensión de obra; se acusa que las obras no han parado, ya que de manera sigilosa continúan realizándose trabajos, en los acabados del inmueble.
Y es que, a decir del representante legal Christian Gudiño, se tiene el conocimiento de que el Grupo Frava inmobiliario ha promovido la venta de 19 de los 21 departamentos, cuyo valor va de los 4,2 millones de pesos hasta los 7,5 millones de pesos, a pesar de encontrarse el litigio en proceso, por lo que también pudiera verse involucrada en la comisión de un delito.
