ACTÚA EL EJECUTIVO ESTATAL COMO LÍDER DE DELINCUENTES DESPOJADORES, ASEGURAN EJIDATARIOS.
El gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez es el principal promotor de la ilegalidad territorial en la entidad, así lo señalaron los ejidatarios de el Zapote, quienes expusieron que el ejecutivo estatal ha utilizado todo tipo de artimañas y el abuso de autoridad, respaldado por la presencia represora de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para reprimir, amedrentar, amagar y despojar a los ejidatarios de Tlajomulco de Zúñiga.
Por temor a las amenazas que han recibido, habitantes de las comunidades como Santa Cruz, han permitido que los gobiernos en turno se hayan adjudicado terrenos, incluso aceptando el precio que les proponen y tolerando que no se respeten las dimensiones pactadas, lo que ha desencadenado una serie de procesos amañados que solamente beneficia a los funcionarios involucrados.
En el caso particular del canal denominado «las Pintas» mismo que atraviesa 14 hectáreas del ejido a lo largo de 3.0 kilómetros, abarcando a lo ancho entre 50 y 60 metros según las condiciones del lugar, mismo que en la actualidad tiene una suspensión jurídica, el cual no ha sido liberado desde hace casi 50 años, así lo dio a conocer el vocero de los ejidatarios Nicolás Vega Pedroza.
Agregó el ejidatario que, «ahora que el gobernador Enrique Alfaro anunció su obra del colector en el canal de las Pintas, el Zapote y aeropuerto; un juez federal otorgó una suspensión de plano, la cual se le dio a conocer al gobierno del Estado, a todas las instancias legales a fin de que respetara; hemos tenido varias entrevistas con el presidente municipal de Tlajomulco, ya que él es el interlocutor con el director de la Comisión estatal del Agua, por lo cual, ellos están enterados de esta suspensión. Se les propuso un convenio de pago a los señores, donde dieran un 50 por ciento al inicio de la obra y el otro 50 por ciento, lo dieran en obra, ya que en el ejido el Zapote ni en ningún otro lado, el presidente municipal ha hecho obras, se le va en grilla, no quiere trabajar el señor».
dijo que las calles del ejido el Zapote están destrozadas, dinamitadas y olvidadas por la actual administración tlajomulquense, por lo que a iniciativa de los habitantes fue que se invitó a las autoridades dicho convenio, calculando una inversión alrededor a los 50 millones de pesos.
El gobierno del Estado ha argumentado carecer de recursos para tal obra, sin embargo, la percepción de los ejidatarios en base al trato preferencial que las autoridades tienen para otros sectores como el turístico y empresarial, deja mucho en que pensar; «el argumento que nos dan es que no tienen recursos, pero para los empresarios, para subsidiarlos y repartírselo entre ellos, si tiene dinero el señor gobernador; pero para pagar sus compromisos, para liberar los terrenos donde se necesita obra, lo quiere hacer al puro estilo porfiriato, utilizando a la policía, violando una demanda de suspensión emitida por un juez, la cual ya se demandó ante notario público y el gobernador aparece a diario con 40 o 50 elementos de la fuerza única, acordonando las áreas donde van atrabajar, amenazando a los ejidatarios que si se arriman al lugar serán remitidos a la cárcel, por ordenes del gobernador y lo tenemos grabado».
Ante estas medidas represoras, es que los habitantes de este lugar advierten de los abusos cometidos por el titular del ejecutivo, Ing. Enrique Alfaro Ramírez; poniendo en duda la política de su gobierno y la supuesta refundación, así como el respeto a los derechos constitucionales, «en esas formas arbitrarias, no existe gobernabilidad en el estado de Jalisco, en el ejido el Zapote nuestras garantías han sido violentadas sistemáticamente por ordenes del señor gobernador, podemos hacer una demanda en el Congreso del Estado, pero con tristeza vemos que los diputados no son servidores públicos, no son representantes de la sociedad, son lacayos del señor gobernador, haciendo lo que les dicta su voluntad» señaló Vega Pedroza.
El discurso oficial de Alfaro Ramírez en torno a la compra de terrenos para la ampliación del aeropuerto para una segunda pista, es una vulgar mentira, una farsa. A decir del representante legal de los ejidatarios Maximiliano Lomelí Cisneros señaló que basta observar el «modus operandi» en contra de quienes piensan diferente al gobernador y se ha observado en otros casos, como el trato que les ha dado al poder judicial, lo cual es lamentable.
